¿Silencio ante lo que grita Justicia? Eso sería complicidad. El atentado al sufragio, al orden constitucional exige sean deducidas responsabilidades. Pronto. Promover el juicio político a quienes configuraron causas suficientes como evidentes para merecerlo, es impostergable.
Las acciones destinadas a impedir el proceso electoral desde el Congreso Nacional, desde la Fiscalía General de la República y desde el mismo Consejo Nacional Electoral, por uno de sus titulares, no pueden ser ignoradas. Se lesionó el principio de legalidad y de supremacía constitucional. Ignorarlo, destrozaría la posibilidad de próximos procesos electorales normales. El sufragio es derecho fundamental y mandato irrenunciable.
El Ministerio Público promovió acciones de persecución selectiva y generadoras de incertidumbre en pleno desarrollo del proceso electoral. Vimos la vergonzosa coordinación defacto en el Congreso Nacional contrario a procedimientos formales y el sometimiento a la "oligarquía melista", siempre vulnerando la separación de poderes como la seguridad jurídica, fundamentales al Estado de Derecho.
El embate a la autonomía e independencia del CNE, presiones, maniobras dilatorias como intimidaciones que arriesgaron la integridad de las Consejeras López Osorio y Ana Paola Hall, no solo las afectaba a ellas sino a la institucionalidad. Las arremetidas al proceso electoral y a ellas que lo defendieron, protagonizadas por actores públicos con sus artimañas y amenazas, buscaban alterar el curso de los comicios y con ello procuraban quebrantar el Pacto Social.
¿Quedar sin castigo? ¡Claro que no! Casi lograron su objetivo apátrida de impedirnos las elecciones y romper el orden constitucional. No deben quedar en la impunidad. Este crimen sin castigo fomentaría peores en el futuro. El juicio político no es revancha ni venganza. Es justicia. Es instrumento constitucional de control para salvaguardar la República. Debemos continuar defendiendo nuestra democracia. Ahora desde el juicio político.
