La relación entre la aspiración de lograr la independencia y la soberanía nacional y el nivel de endeudamiento público es de proporcionalidad inversa: a mayor nivel de endeudamiento externo y dependencia financiera, menor es la capacidad real de un Estado para ejercer su soberanía y tomar decisiones independientes.
Los Estados y los gobiernos tienen la obligación patriótica y política de gestionar el endeudamiento público, procurando la menor condicionalidad de las políticas públicas para cumplir con los objetivos estratégicos de crecimiento y desarrollo sostenible de sus habitantes. Cuando no se cumple lo anterior, los gobernantes carecen de legitimidad y la democracia formal pierde credibilidad.
A junio de 2026, el saldo de la deuda pública estaba en $18,720 millones, condicionado en un 66% a tasa fija, mientras que en 2013 estaba en 81%, mostrando un incremento del riesgo ante la volatilidad de las tasas de interés. Un año atrás, con el anterior gobierno, el saldo de la deuda estaba en $17,163 millones, confirmando la peligrosa tendencia a continuar incrementando el nivel de endeudamiento público.
El gobierno de Xiomara Castro recibió un alto endeudamiento de Juan O. Hernández. Pero luego, Castro le dejó a Nasry Asfura un saldo de compromisos todavía más alto. Luego, en siete meses de administración, el gobierno de Asfura va por la misma ruta.
El punto también es que, aunque paguemos cada vez mayores cantidades por amortizaciones a capital e intereses -al menos L72,000 millones anuales, es decir, aproximadamente $2,600 millones-, el saldo continúa aumentando debido a la carga de compromisos previos y, sobre todo, a la creciente escalada de nuevos endeudamientos.
Habría que considerar el agravante de los denominados bonos soberanos, que aumentaron el endeudamiento público externo desde el año 2013: primero, unos $500 millones en marzo; luego, otros $500 millones en diciembre, ambos ya pagados, con tasas de un promedio de 8% a unos 10 años plazo.
Posteriormente, en el año en que se violentó la prohibición constitucional contra la reelección (2017), se contrajo más deuda soberana por $700 millones.
Tocaba pagarlo en el próximo enero de 2027, pero el gobierno de Asfura lo “recompró”; es decir, contrajo una deuda todavía mayor a la original ($815 millones), la posterga para pagarse en 2036 y usa el excedente para gasto de la administración actual.
Se agregan también otras emisiones de bonos soberanos, incluidos los contraídos en la administración Castro, que al final nos tienen actualmente con un saldo, mediante esos instrumentos financieros, de $2,200 millones, que equivalen aproximadamente al 23% de la deuda pública externa.
Dejando claro también que los recursos obtenidos mediante bonos soberanos se utilizaron básicamente para pagar deudas de la ENEE a generadores privados, en su mayor parte por energía de fuentes no renovables.
En síntesis, es muy difícil, por no decir imposible, pensar en márgenes de libertad, independencia y soberanía con los altos niveles de endeudamiento público, sobre todo sabiendo que la utilización de los recursos no ha sido la más eficiente.
