El problema de Honduras no es tener demasiado Estado o poco Estado. El problema es más profundo: tiene un Estado que carece de capacidad para impulsar el desarrollo, pero lo suficientemente débil para ser capturado por intereses particulares. Así, los países menos desarrollados, como Honduras, suelen quedar atrapados entre instituciones débiles, concentración del poder y privilegios.
La diferencia entre desarrollo y subdesarrollo no se explica únicamente por los recursos naturales, la inversión o la apertura comercial. En buena medida, depende de quién tiene el poder, cómo lo utiliza y qué instituciones existen para limitarlo.
Cuando el poder económico y político se concentra, aparecen incentivos para preservar reglas favorables a quienes ya dominan el sistema y dificultar la entrada de nuevos competidores. Así pueden mantenerse monopolios, oligopolios, privilegios fiscales, concesiones poco transparentes, contratos discrecionales o acceso privilegiado al financiamiento. El mercado deja entonces de funcionar plenamente sobre la base de la competencia y comienza a depender de la cercanía con el poder.
Aquí surge uno de los mayores obstáculos al desarrollo: la captura del Estado. Esta ocurre cuando grupos económicos, políticos o corporativos consiguen influir desproporcionadamente sobre las decisiones públicas para obtener beneficios particulares. El Estado deja entonces de actuar como árbitro imparcial y las políticas públicas pueden convertirse en instrumentos para distribuir privilegios.
El resultado es un círculo vicioso: concentración del poder, instituciones extractivas, desigualdad, menor movilidad social y nueva concentración del poder. Romper este ciclo constituye uno de los grandes desafíos de Honduras.
Pero la solución no consiste simplemente en reducir el tamaño del Estado. Los países desarrollados demuestran que un Estado fuerte puede ser un poderoso instrumento de transformación cuando está respaldado por instituciones inclusivas, mercados competitivos, seguridad jurídica y rendición de cuentas.
Honduras necesita un Estado capaz de impulsar educación, infraestructura, energía, seguridad, digitalización, innovación y productividad. También debe crear condiciones para atraer inversión y facilitar el financiamiento del desarrollo. Pero esa mayor capacidad estatal debe estar acompañada de transparencia, competencia, independencia institucional y controles efectivos.
Por eso, reclamar simplemente “más Estado” puede ser insuficiente y hasta contraproducente. Un Estado más grande, pero sin instituciones sólidas, puede ampliar las oportunidades de extracción de rentas en lugar de ampliar las oportunidades de desarrollo. Del mismo modo, dejarlo todo al mercado tampoco garantiza competencia cuando existen grupos con suficiente poder para establecer barreras de entrada.
La alternativa consiste en construir una relación virtuosa entre Estado capaz, instituciones inclusivas y sector privado competitivo. Esto exige reglas iguales para todos, contratación pública transparente, seguridad jurídica, eliminación de privilegios injustificados y políticas económicas orientadas al interés general.
El verdadero desafío hondureño es romper la relación entre poder, privilegio e influencia política. El Estado debe tener suficiente fuerza para transformar la estructura productiva y social, pero suficientes controles para impedir que esa fuerza sea capturada por grupos particulares.
En definitiva, Honduras no necesita escoger entre Estado y mercado. Necesita un mejor Estado que haga posible un mercado verdaderamente competitivo y una institucionalidad capaz de someter el poder a las reglas.
Allí comienza el verdadero desarrollo: cuando el Estado tiene capacidad para impulsar el progreso, pero las instituciones tienen suficiente fortaleza para impedir que esa capacidad sea utilizada para perpetuar privilegios.
