Durante décadas, los gobiernos latinoamericanos han anunciado ofensivas contra el narcotráfico, celebrado capturas, decomisado toneladas de drogas y recibido cuantiosa asistencia internacional. Sin embargo, las organizaciones criminales han demostrado una extraordinaria capacidad de adaptación. Cuando pierden una ruta, encuentran otra. Cuando cae un jefe, surge su reemplazo. Cuando aumenta la presión policial, recurren a sus aliados en la política, las finanzas y la justicia.
¿Por qué? Porque el crimen organizado no es solamente un problema de delincuentes armados. Es también un problema de instituciones que pueden ser compradas, intimidadas o simplemente incapaces de cumplir su misión.
Esa realidad debe orientar la participación de Honduras en el Escudo de las Américas, iniciativa regional impulsada por la administración del presidente Donald Trump y respaldada por el secretario de Estado Marco Rubio.
El Escudo representa un cambio importante en la estrategia estadounidense hacia el hemisferio. Su premisa es que la seguridad de Estados Unidos no puede separarse de la estabilidad de sus vecinos y que las organizaciones criminales transnacionales amenazan tanto la soberanía de los Estados como sus economías y sistemas democráticos.
La declaración del 22 de septiembre, suscrita por 15 países, incluido Honduras, estableció tres pilares: cooperación económica, seguridad y coordinación multilateral. Los gobiernos anunciaron su intención de actuar contra 24 organizaciones criminales mediante congelamiento de activos, restricciones migratorias, sanciones y responsabilidades penales, conforme a sus respectivas legislaciones.
La importancia del acuerdo radica precisamente en reconocer que el narcotráfico no prospera únicamente por las armas que posee, sino también por el dinero que moviliza y la influencia política que compra.
De las declaraciones a las operaciones
Los acontecimientos de octubre indican que esa estrategia comienza a adquirir una dimensión operativa.Los días 26 y 27 de octubre, República Dominicana y el Comando Sur de Estados Unidos organizaron en Santo Domingo una conferencia de la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C), con representantes de defensa y seguridad de 19 países.
Honduras participó mediante una delegación encabezada por el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, quien sostuvo encuentros con el presidente dominicano Luis Abinader y el comandante del Comando Sur estadounidense, general Francis L. Donovan.
La A3C, iniciativa independiente pero complementaria al Escudo, avanzó en la elaboración de un plan estratégico operacional y una carta de gobernanza destinados a establecer responsabilidades, prioridades y mecanismos de coordinación. El propósito es facilitar el intercambio de inteligencia y las operaciones combinadas contra las redes criminales, sus estructuras financieras y sus facilitadores corruptos.
Es un avance significativo. El crimen organizado opera sin respetar fronteras; los gobiernos no pueden combatirlo eficazmente permaneciendo encerrados dentro de ellas.
Pero una coalición internacional, por poderosa que sea, no puede sustituir las responsabilidades fundamentales de cada Estado.
Puede ayudar a detectar cargamentos ilícitos, identificar redes financieras y localizar dirigentes criminales. No puede, por sí sola, garantizar que una fiscalía investigue sin interferencias, que un juez resuelva con independencia o que una institución pública deje de servir a intereses particulares.
Honduras responde, pero la prueba apenas comienza
Las autoridades hondureñas han anunciado medidas que merecen atención.
El 19 de octubre, el Ministerio Público comunicó la creación de la Fiscalía Especial Contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Recuperación de Activos (FELAFRA), orientada a investigar las estructuras financieras de la criminalidad organizada.
Un día después, mandos militares hondureños y estadounidenses examinaron nuevas formas de cooperación contra las redes criminales transnacionales.
La Policía Nacional también ha comunicado detenciones realizadas mediante el Plan Escudo de Honduras, una operación interna que debe distinguirse del mecanismo multinacional.
Posteriormente, el 27 de octubre, el Congreso Nacional aprobó reformas penales para endurecer las sanciones contra maras, pandillas y asociaciones terroristas, incluyendo penas que pueden llegar a la prisión perpetua para determinados cabecillas. El 28 de octubre se reconsideraron disposiciones relativas a la asociación terrorista y la legítima defensa. La aplicación efectiva de estas reformas dependerá de su entrada en vigor y de la actuación de los operadores de justicia.
Todas estas iniciativas pueden fortalecer la respuesta estatal. Pero existe una diferencia esencial entre aprobar leyes y hacerlas funcionar.
Una nueva fiscalía no equivale automáticamente a investigadores competentes. Una sentencia severa no garantiza una investigación legítima. Y mayores facultades policiales no producen necesariamente mayor seguridad cuando faltan controles, supervisión y responsabilidad institucional.
La fortaleza del Estado no se mide solamente por la severidad de sus castigos, sino por su capacidad de aplicar la ley con eficacia, imparcialidad y respeto al debido proceso.
La debilidad institucional: el verdadero adversario
Los datos internacionales ofrecen una advertencia que Honduras no debería ignorar.
El Índice de Estado de Derecho 2026 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 130 de 143 naciones en justicia penal y en el 122 en ausencia de corrupción.
Más reveladora todavía es la evaluación de la OCDE de marzo de 2026. Honduras cumple el 100 % de los criterios normativos examinados sobre conflictos de interés, pero apenas el 11 % de los correspondientes a su aplicación práctica.
En integridad judicial, el contraste también resulta alarmante: 53 % de cumplimiento normativo frente a solamente 4 % en la práctica.
Honduras no carece simplemente de leyes. Carece, demasiadas veces, de instituciones capaces de hacerlas cumplir.
Esta contradicción ayuda a explicar por qué tantas reformas prometedoras terminan produciendo resultados decepcionantes.
Durante mi carrera en USAID y otros programas de cooperación internacional observé repetidamente un problema semejante. Los proyectos podían cumplir sus metas durante su ejecución, presentar indicadores favorables y justificar nuevas inversiones. Sin embargo, una vez retirados el financiamiento externo, la asistencia técnica y la atención política, numerosos avances comenzaban a desaparecer.
El problema no siempre era la calidad de los proyectos. Era la ausencia de instituciones nacionales con los incentivos, los recursos y la capacidad de sostenerlos.
El Escudo de las Américas podría reproducir ese patrón si Honduras confunde cooperación internacional con fortalecimiento institucional.
Soberanía, seguridad y prosperidad
La lógica estratégica promovida por Rubio ofrece una oportunidad para corregir esa debilidad. La soberanía no consiste únicamente en defender fronteras o rechazar interferencias extranjeras. También supone la capacidad efectiva del Estado para impedir que organizaciones criminales controlen territorios, compren funcionarios, intimiden jueces o distorsionen mercados.
Un país cuyas instituciones están sometidas a esas presiones ve limitada su soberanía, aun cuando conserve intactos sus símbolos nacionales.vPor ello, los tres pilares del Escudo deben avanzar conjuntamente.
La cooperación militar y policial necesita investigaciones financieras capaces de desmantelar las estructuras económicas del delito. Estas investigaciones necesitan fiscales profesionales, jueces independientes y mecanismos eficaces de recuperación de activos.
La cooperación económica requiere seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada, reglas previsibles y condiciones que atraigan inversión productiva. Sin ellas, el capital legítimo encuentra obstáculos mientras las economías criminales aprovechan la informalidad y la corrupción.
Y la coordinación multilateral exige gobiernos capaces de cumplir sus compromisos, proteger información sensible y demostrar resultados verificables.
La declaración del Escudo del 1 de octubre, que respaldó las investigaciones bolivianas contra redes de narcotráfico y corrupción presuntamente vinculadas con altos funcionarios, reforzó un principio esencial: la lucha contra el crimen organizado debe alcanzar también a quienes lo facilitan desde posiciones de poder.
Las organizaciones criminales no deberían encontrar refugio en los cargos públicos ni protección mediante influencias políticas.
Una oportunidad para el gobierno hondureño
Honduras necesita un mecanismo estratégico de coordinación de alto nivel, bajo conducción del Poder Ejecutivo, que integre las responsabilidades de seguridad, justicia, economía y diplomacia vinculadas con el Escudo.
No se trata de crear otro ministerio ni de multiplicar la burocracia. Tampoco de intervenir en la independencia del Ministerio Público o del Poder Judicial. Se trata de establecer prioridades compartidas, coordinar la asistencia internacional, eliminar duplicaciones y exigir resultados.
Ese mecanismo debería fijar compromisos medibles: investigaciones financieras concluidas, bienes ilícitos recuperados conforme a la ley, expedientes judiciales debidamente sustentados, fortalecimiento de controles internos, transparencia en contrataciones públicas y supervisión del financiamiento político.
Asimismo, debería promover indicadores económicos vinculados con inversión, formalización empresarial y generación de empleos legítimos.
Los avances tendrían que examinarse periódicamente y comunicarse al Congreso y a la ciudadanía. La asistencia internacional debería contribuir a capacidades permanentes, no solamente a financiar operaciones temporales.
El gobierno también debe comprender que el debido proceso no constituye un obstáculo para combatir el crimen. Es precisamente lo que distingue a un Estado legítimo de las organizaciones que pretende derrotar.
La autoridad sin controles puede terminar reproduciendo las arbitrariedades y vulnerabilidades que originalmente buscaba combatir.
La verdadera prueba del Escudo
El presidente Abinader resumió acertadamente la relación entre seguridad y prosperidad durante la conferencia de Santo Domingo: «La seguridad protege el desarrollo, pero el desarrollo también construye seguridad».Honduras haría bien en adoptar ese principio.
El Escudo de las Américas ofrece oportunidades genuinas: mayor cooperación regional, acceso a inteligencia, fortalecimiento de capacidades, protección de la inversión y colaboración con países que enfrentan amenazas semejantes.
Pero su éxito no se medirá exclusivamente por el número de reuniones internacionales, operaciones conjuntas, capturas o nuevas leyes.
Se medirá por algo más exigente: si Honduras logra construir instituciones capaces de enfrentar al crimen organizado cuando termine una operación, cambie un gobierno o disminuya la asistencia extranjera.
Las coaliciones internacionales pueden ofrecer respaldo. Los gobiernos nacionales deben construir las instituciones que conviertan ese respaldo en seguridad duradera.
El crimen organizado prospera donde la autoridad pública es débil, la justicia es vulnerable y la oportunidad económica escasea. Si Honduras utiliza el Escudo para corregir esas condiciones, habrá hecho mucho más que sumarse a una iniciativa de seguridad hemisférica: habrá fortalecido su soberanía y creado mejores condiciones para la prosperidad.
Si no lo hace, podrá celebrar nuevos decomisos, más capturas y promesas de cooperación, mientras las mismas estructuras criminales encuentran maneras de sobrevivir.
La verdadera victoria no será capturar al próximo jefe de un cartel. Será construir un Estado donde ningún cartel pueda volver a comprar la protección del poder.
Ronald L. Glass es diplomático estadounidense retirado. Las opiniones expresadas en este artículo son de carácter estrictamente personal y no representan necesariamente las posiciones, políticas ni opiniones oficiales del Gobierno de los Estados Unidos.
