El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido, por décadas, un actor recurrente y muchas veces polémico en la política económica de Honduras. Su presencia suele asociarse a ajustes fiscales, reformas estructurales y condiciones en materia de gasto público, lo que explica por qué, en el debate público, frecuentemente aparece como “el villano”.
La relación entre Honduras y el FMI viene de finales del siglo XX, el país ha suscrito distintos programas stand-by, facilidades ampliadas o acuerdos de crédito generalmente en momentos de presión externa o desequilibrios fiscales.
El acuerdo vigente, aprobado en 2023, busca respaldar un programa económico de mediano plazo enfocado en estabilidad macroeconómica, transparencia institucional y crecimiento inclusivo, con desembolsos sujetos al cumplimiento de metas fiscales, monetarias y estructurales.
Aquí es clave entender qué es realmente el FMI. No es un banco de desarrollo, es una institución técnica cuyo mandato es preservar la estabilidad del sistema financiero internacional. Ofrece financiamiento en momentos críticos, asistencia técnica en diseño de políticas y supervisión constante de la economía, es un “auditor externo” que evalúa finanzas públicas, reservas, deuda etc.
En paralelo, opera el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que establece estándares globales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, su influencia es determinante: debilidades en estos sistemas pueden afectar la reputación del país y encarecer el acceso al crédito internacional. Así, FMI y GAFI actúan de forma complementaria: uno ordena la macroeconomía; el otro garantiza la integridad del sistema financiero.
Un punto crítico que atraviesa toda esta relación y que muchas veces se omite en el debate: la situación de la ENEE. Este es probablemente, el principal riesgo fiscal estructural del país. Sus pérdidas operativas, subsidios mal focalizados, problemas de gestión y elevados costos de generación han convertido a la empresa en una carga recurrente para las finanzas públicas.
El FMI ha sido consistente en este diagnóstico: sin una reforma profunda del sector eléctrico, no hay sostenibilidad fiscal de largo plazo. Por eso, los programas con Honduras incluyen compromisos específicos sobre la ENEE: reducción de pérdidas técnicas y no técnicas, revisión de tarifas, mejora en la gobernanza y mayor transparencia en contratos. Se trata de corregir un desequilibrio que afecta directamente el déficit fiscal y la deuda pública.
Aquí es donde surge la percepción de “medidas impopulares”. Ajustar tarifas o racionalizar subsidios tiene costos políticos, pero mantener el esquema actual también los tiene: menos espacio fiscal para salud, educación o inversión pública. Es una decisión de política interna, no del FMI, aunque el organismo la señale como necesaria.
En términos de mercado, la ecuación es clara. Un país con acuerdo activo con el FMI, cumplimiento de estándares del GAFI y avances en la reforma de la ENEE mejora su credibilidad internacional. Nos lleva en mejores condiciones para emitir bonos soberanos, menor prima de riesgo y mayor atracción de inversión.
En síntesis, el FMI no es el villano, ni el GAFI un ente punitivo, ni la ENEE un problema aislado. Son piezas de un mismo tablero.
