Después de meses de discusión política, técnica y empresarial, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Justicia Energética. El proceso comenzó con una propuesta del Poder Ejecutivo, recibió cuestionamientos de distintos sectores y, posteriormente, una contra propuesta del Partido Liberal que modificó aspectos importantes del proyecto original. El resultado fue una legislación aprobada con 78 votos que representa un punto de partida, no la solución definitiva, para uno de los principales problemas estructurales de Honduras.
La reforma mantiene a la ENEE como propiedad del Estado, pero reorganiza sus actividades de generación, transmisión y distribución mediante empresas subsidiarias con autonomía administrativa, técnica, operativa y financiera, bajo una ENEE matriz estatal. También incorpora mecanismos para reducir pérdidas y combatir el hurto de energía, modernizar la medición, fortalecer la regulación y establecer como regla la licitación pública y mecanismos competitivos para la compra de energía.
La ley incluye, además, disposiciones de impacto inmediato para los consumidores: congelamiento de la tarifa durante seis meses, prorrogable por el Congreso; subsidios que deberán aparecer explícitamente en la factura y contar con fuente de financiamiento; y protección de los derechos laborales adquiridos. Se establecieron, asimismo, salvaguardas para mantener la propiedad estatal de la ENEE y sus subsidiarias.
Sin embargo, ahora comienza la etapa más difícil: ejecutar.Honduras necesita convertir esta reforma en una verdadera política pública energética. Esto significa establecer metas verificables de reducción de pérdidas, mejorar la cobranza, fortalecer la transmisión y distribución, atraer inversión, asegurar una generación suficiente y competitiva y garantizar una CREE técnicamente independiente y capaz de regular el mercado.
El problema tiene una dimensión macroeconómica considerable. El FMI señaló recientemente que las pérdidas eléctricas continúan alrededor de niveles superiores al 30 % y que los atrasos acumulados de la ENEE alcanzaron aproximadamente L 18,700 millones a finales de abril. Reducir esas ineficiencias significa disminuir presiones fiscales, liberar recursos públicos y mejorar la sostenibilidad financiera del Estado.
También debemos explicar correctamente el tema tarifario. Congelar tarifas protege temporalmente al consumidor, pero no elimina el costo de producir electricidad. Si existe una diferencia entre tarifa y costo real, alguien finalmente debe financiarla. Por eso, los subsidios deben ser focalizados, transparentes y presupuestados, evitando trasladar permanentemente el desequilibrio al Estado o nuevamente a la ENEE.
El siguiente paso debe ser una amplia estrategia de comunicación nacional. Hay que explicar que inversión privada no significa privatización; que reducir pérdidas beneficia al usuario; que licitar competitivamente puede reducir costos; y que una energía confiable y a precios razonables determina inversión, empleo, producción y competitividad.
La ley ya fue aprobada. Ahora corresponde fijar indicadores, responsables y plazos, publicar periódicamente los resultados y construir confianza.La verdadera justicia energética no se medirá por los votos obtenidos en el Congreso, sino por menos pérdidas, mejor servicio, mayor inversión y energía competitiva para las familias y las empresas hondureñas.
