Uno de los temas más controvertidos e indignantes en Honduras es observar cómo las instituciones públicas actúan a favor de intereses partidarios o personales en muchos casos. Es decir, ciertos miembros de la élite política del país hacen uso de la institucionalidad como si esta fuese parte de su patrimonio personal.
En Honduras tenemos una democracia representativa: los titulares de las diferentes secretarías, instituciones, alcaldías y poderes del Estado representan los intereses de todos los hondureños, sin distinción alguna. Lamentablemente, hemos visto cómo, en nombre del Estado de Honduras, se reconocen elecciones fraudulentas, se solidarizan con delincuentes, se deniega el derecho de petición a diversos ciudadanos, se ataca a la sociedad civil y se utiliza el poder estatal para insultar a ciudadanos y medios de comunicación.
Aunque no lo parezca, esta es una de las principales razones por las cuales Honduras se encuentra en la situación actual. Al no contar con instituciones sólidas y robustas, las decisiones que se toman en nombre del Estado quedan en manos de pequeños grupos que lideran la élite política. Hay personas que terminan siendo más grandes y más fuertes que la misma institucionalidad. ¿Y el Estado de derecho? ¿La división de poderes? ¿Los límites al poder gubernamental? ¿Los pesos y contrapesos, dónde están? Seguramente eso mismo se preguntan los inversionistas al analizar la situación jurídica del país.
Da la impresión de que la voluntad soberana solo importa al momento de ejercer el sufragio. Elegimos diputados que luego no atienden el teléfono, dejan de visitar las comunidades; alcaldes que no socializan sus planes municipales; presidentes y titulares que buscan la manera de no hacer pública información que al pueblo hondureño le concierne conocer.
Esto ocurre porque, en la práctica, se adueñan de cargos que no les pertenecen, sino que son de la población. Por ello, es urgente comprender que los políticos no son celebridades ni artistas: son empleados públicos. En tal sentido, deben responder a nuestros intereses. No es necesario esperar cuatro años para hacer algo al respecto; así se nos ha ido la vida y el desarrollo de Honduras. Debemos ser exigentes y mantener una auditoría social permanente. Por eso, ante el gobierno entrante -y no hablo solo de Tito Asfura, sino también de los 128 diputados electos y los 298 alcaldes- debemos exigir una debida rendición de cuentas.
No es correcto que un alcalde se desentienda de su municipio, que un diputado se desconecte de su departamento o que un presidente se aleje de los intereses del país.
Como población, debemos hacer sentir nuestra voz y dar a entender a los funcionarios y servidores públicos que el poder es nuestro y que lo que esperamos es que lo administren bien, para que los hondureños podamos desarrollarnos de manera eficiente y que lo público se convierta en un atractivo, y no en un retroceso, para el desarrollo de nuestra nación.
