No hay peor delito que el que comete un gobierno vendiendo ilusiones mientras saquea al pueblo. El caso de Koriun no es solo otra estafa piramidal más, es el reflejo de un sistema podrido, donde el poder político y los tiburones financieros se dan la mano para que los de siempre paguen los platos rotos.
Con esa “lógica humanitaria”, la mismísima presidenta de la República, Xiomara Castro, ha ordenado que las personas afectadas por la pérdida de sus ahorros en la empresa Koriun Inversiones, recuperen su dinero con fondos públicos.
La fatal decisión se enmarca en el escándalo que ha dejado a miles de hondureños sin acceso a su dinero, tras detectarse un supuesto esquema fraudulento operado por dicha entidad financiera no regulada.
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ha repetido sistemáticamente que la presidenta ha instruido tomar acciones para garantizar el retorno del capital invertido a la ciudadanía afectada.
En un afán de exhibirse como un gobierno “sensible”, autoproclamado paladín del “socialismo democrático”, lleva meses intentando tapar este fraude masivo con una estrategia perversa: usar dinero público para rescatar las inversiones de los afectados, no por justicia, sino por cálculo electoral.
Es decir, mientras los estafadores privados no responden por los ahorros de miles, el Estado pretende sacar de las arcas nacionales -del bolsillo de todos- los fondos para compensar a las víctimas. ¿Por qué? La razón es simple: las elecciones se acercan. Si el escándalo persiste hasta noviembre, la derrota será “piramidal”, hasta ver caer la última pieza de arriba.
Pero los bullicios como este suelen acabarse en tres días, hasta que aparece otro, como un montaje de escena donde se exhibe el cinismo de esta calaña.
Primero, porque no es función del Estado resarcir daños por estafas privadas, cuando no ha habido regulación ni supervisión. Si el Gobierno no actuó a tiempo para frenar el esquema Ponzi de Koriun, su responsabilidad es por omisión, no por obligación de pagar con fondos que deberían ir a hospitales, escuelas o infraestructura.
Segundo, porque este supuesto “rescate” no es más que “confites en el infierno”, una maniobra para comprar silencios y votos, que perpetúa la cultura del “después arreglamos todo con plata ajena”.
Y tercero, porque revela la hipocresía de un discurso que habla de “pueblo” mientras prioriza salvar las apariencias en lugar de hacer justicia. Si este gobierno fuera realmente socialista, estaría exigiendo que los dueños de Koriun y sus testaferros devuelvan hasta el último centavo, en lugar de maquillar su complicidad con dinero de los contribuyentes. Pero no. Aquí la jugada es clara: que el pueblo pague dos veces.
Primero, cuando los incautos caen en la estafa por desesperación (en un país donde el sistema empuja a la gente a buscar milagros). Y segundo, cuando el Estado usa los impuestos de todos para limpiar la imagen de una administración que no supo -o no quiso- evitar el desastre.
Por otro lado, los grandes nombres detrás de lujos en urbanizaciones blindadas, los funcionarios seguirán repitiendo discursos de “protección social”, y los títeres del poder hablarán de “gestión humanitaria”. Pero esto no es justicia, es complicidad disfrazada de caridad.
Honduras merece algo más que gobiernos que actúan como bomberos pirómanos: apagando incendios que ellos mismos dejaron crecer.
Si de verdad quieren ayudar, que empiecen por encarcelar a los cabecillas de la banda de estafadores, no premiarlos con impunidad. De lo contrario, no insulten nuestra inteligencia pretendiendo que usar el dinero público para tapar sus fracasos es “socialismo”.
Esto no es más que maquillar una estafa con otra, mientras estructuran la pirámide de noviembre.
