El Poder Legislativo que acaba de instalarse no es un Congreso cualquiera. Surge después de una elección marcada por el hartazgo ciudadano frente a la corrupción y por una expectativa clara de cambio. El mensaje en las urnas fue inequívoco: la población castigó un proyecto político que prometió combatir la corrupción, pero que no logró traducir ese discurso en transformaciones reales ni sostenidas.
Sin embargo, a escasas horas de la toma de posesión, el Partido Nacional y el Partido Liberal anunciaron acuerdos para la conformación de la Junta Directiva, la distribución de comisiones estratégicas y el control del funcionamiento del hemiciclo. La construcción de mayorías legislativas no es, por sí misma, ilegítima. Lo que genera una justificada preocupación ciudadana es que, históricamente, este tipo de pactos han estado acompañados de prácticas orientadas a la protección mutua, el blindaje político y la impunidad. Esa memoria institucional pesa y no pueden ser ignorada.
Honduras no resiste más hipocresías. Décadas de alternancia bipartidista dejaron un país con instituciones debilitadas, capturadas por intereses particulares y atravesadas por redes de corrupción. Existen casos ampliamente documentados, incluso en tribunales internacionales, que vinculan a altos dirigentes y operadores políticos de ambos partidos con delitos graves como narcotráfico, lavado de activos y desvío de fondos públicos. Pretender que ese pasado no existe o que la ciudadanía lo ha olvidado sería un error político y ético.
Es necesario diferenciar con claridad entre acuerdos orientados a la gobernabilidad y arreglos que, en la práctica, se convierten en complicidad. Cuando los pactos políticos priorizan los intereses de cúpulas partidarias por encima de la justicia, la transparencia y el bien común, dejan de ser instrumentos democráticos y se transforman en obstáculos para el Estado de derecho. Cualquier entendimiento que incluya, de forma explícita o implícita, frenos a investigaciones, reformas legales para proteger a corruptos o dilaciones deliberadas en la lucha contra la impunidad, compromete seriamente la legitimidad del Congreso. El mandato ciudadano es claro: no más impunidad. En ese marco, uno de los compromisos más urgentes del nuevo Congreso debe ser la aprobación, sin excusas ni dilaciones, del marco legal que permita la instalación efectiva de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), con plenas facultades y garantías de independencia. El país no puede seguir postergando esta decisión por cálculos políticos ni por discursos vacíos sobre soberanía. La cooperación internacional, cuando se rige por reglas claras y respeto institucional, fortalece -no debilita- la democracia.
Durante años, la falta de voluntad política ha impedido avanzar en las reformas necesarias para que la CICIH sea una realidad. Lo que hoy se requiere es una decisión responsable: derogar o reformar las disposiciones que obstaculizan su funcionamiento y aprobar una legislación que le otorgue capacidades reales para investigar los grandes casos de corrupción que el sistema de justicia nacional no ha logrado abordar con eficacia. Este Congreso enfrenta una disyuntiva histórica. Puede contribuir a romper las cadenas de la corrupción estructural o convertirse en una repetición de prácticas que la ciudadanía ya ha rechazado. La instalación efectiva de la CICIH no debe entenderse como una concesión política, sino como una obligación democrática y una deuda histórica con el pueblo hondureño.
Diputadas y diputados: su legitimidad no se construye con discursos ni con repartos de poder, sino con decisiones concretas a favor de la justicia y la rendición de cuentas. Los hechos hablarán más que las promesas. De su actuación dependerá si este nuevo período legislativo marca un punto de inflexión o si, por el contrario, profundiza el desencanto ciudadano. Honduras merece instituciones que respondan al interés público, no a pactos opacos. El país observa, evalúa y recuerda. El futuro no está escrito, pero sí condicionado por las decisiones que se tomen desde el primer día.
