Honduras enfrenta un desafío histórico que no admite cálculos políticos ni dilaciones. La aprobación de la reforma energética por parte del Congreso Nacional no es un simple trámite legislativo o un debate técnico para especialistas; es, en su esencia más profunda, un imperativo ético y social con los más desposeídos, aquellos excluidos de siempre que han visto pasar el progreso de largo mientras sus hogares permanecen a oscuras o asfixiados por tarifas impagables.
La energía eléctrica no es un lujo, es el motor de la dignidad humana y el punto de partida para romper el círculo de la pobreza, es un derecho humano.
Para transformar esta realidad, el nuevo marco legal debe construir un ecosistema de confianza. Es fundamental edificar condiciones claras y estables para la inversión, tanto nacional como extranjera. El capital no debe ser visto con sospecha, sino como el aliado estratégico que el país necesita para modernizar su infraestructura. Y sí, para generar empleos.
Bienvenida sea la generación de riqueza, pero con una premisa innegociable: que esa riqueza se traduzca de inmediato en esos empleos dignos, estables y bien pagados para los hondureños.
La inversión privada debe ser el vehículo para dinamizar las economías locales y dotar de capacidades a nuestra fuerza laboral.
El objetivo final del Congreso Nacional debe ser ambicioso: generalizar una condición de bienestar que alcance el último rincón de nuestra geografía.
No podemos seguir permitiendo una Honduras de dos velocidades, donde unos pocos lo tienen todo y las mayorías rurales o marginales sufren apagones constantes que destruyen sus pequeños negocios y limitan el futuro de sus hijos.
Una tarifa justa y un servicio continuo permiten que una pulpería prospere, que un taller mecánico crezca y que un estudiante tenga luz para educarse. Legislar a favor de esta reforma es apostar por fin los motores del desarrollo sostenible. La reforma energética es impostergable. Sí o sí.
