En el remolino de los debates de las reformas y contrarreformas en el sector eléctrico se entremezclan muchas verdades y falsedades. Avaricias e indiferencias. También algunos gritos y muchos silencios.
Mucho se insiste en que de acuerdo a los tres niveles de la industria, generación, transmisión y distribución, sin dejar de considerar que en el caso de la ENEE, en efecto, las mayores fugas están contablemente en la distribución, por pérdidas técnicas y no técnicas. Viéndolo desde lo macroestratégico, las mayores y esenciales pérdidas están en la energía que no se produce considerando el potencial que el país tiene para la energía con fuentes renovables. Es impostergable atender el agujero fiscal que provoca una empresa pública (la principal del país) que ha venido acumulando déficit e incrementando el endeudamiento público. Siempre bajo el perverso modelo de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Justo allí reside el “misterio” de un sector con tantas pérdidas pero que al mismo tiempo ha sido “el dorado” para la acumulación originaria y reiterativa de algunos capitales.
Las reales pérdidas en el sector se expresan también en el millón de personas sin acceso a energía eléctrica y en toda aquella energía que ha faltado generar para explotar el sector agrícola e industrial que ha dejado de instalarse por la falta de verdaderas políticas públicas de gobiernos sin visión ni misión patriótica. Esas pérdidas energéticas de fondo nos han llevado a que el país no se acerque a su PIB potencial que debería expresarse en un PIB efectivo de al menos US$80,000 a US$120,000 millones anuales, en lugar del escaso nivel actual menor a US$40,000 millones.
Los buenos análisis técnicos que han actualizado el diagnóstico del sector eléctrico de Honduras, en realidad no han dicho nada que no conociéramos desde la década de los años ochenta del siglo pasado. La ENEE y las otras empresas públicas en sectores estratégicos surgieron al amparo de las recomendaciones de los organismos financieros internacionales (Banco Mundial; FMI), al igual que la banca estatal (BCH y Banadesa). Fueron los sectores políticos los que no tuvieron la visión, la buena gestión gerencial y la determinación de crear la sostenibilidad en el tiempo.
Los análisis técnicos recientes nos han ayudado a actualizar cifras. Pero la esencia del tema hay que buscarla en la historia de Honduras, particularmente con la creación de la ENEE en 1957 y los estudios preliminares del proyecto insigne, es decir la represa Francisco Morazán, conocida como “El Cajón”. Iniciada su construcción el 15 de junio de 1980 e iniciando operaciones en 1985, con un costo aproximado entre US$800 y US$1,000 millones. Se cubría toda la demanda nacional y todavía dejaba un excedente que se vendía a países vecinos. Con buena gobernanza y continuidad de proyectos hidroeléctricos, pudo haber significado convertirnos en un país exportador neto de energía y, con adecuadas políticas públicas en los demás sectores estratégicos, con fortaleza institucional y transparencia democrática, sostenernos en un mayor nivel de desarrollo.
Ante la crisis acumulada, lo que queda es esperar y exigir que el negocio energético no nos despoje de un bien público. Que la generación, transmisión y distribución de energía sea un negocio en lo público y lo privado, de suma positiva (en el que ganemos todos) en lugar de un juego suma cero, con millones de perdedores y unos cuantos ganadores.
