Desde hace varios años atrás, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) es un negocio fracasado, que solamente sobrevive porque los gobiernos históricamente se han empecinado en subsidiarla y mantenerla funcionando, aunque sus finanzas son insostenibles e implican un gravoso gasto fiscal.
Los datos financieros de la ENEE al mes de mayo de 2026 indican que tiene un patrimonio negativo de L67,412.2 millones, que experimentó un crecimiento del 11.2% respecto al mismo mes de 2025. Al ritmo actual, en 2030 el patrimonio negativo se elevaría a L103,076.0 millones, lo cual en una empresa privada sería una gran catástrofe.
Los pasivos totales de la ENEE en mayo de 2026 ascendieron a la sorprendente cifra de L121,768.8 millones, con un aumento del 10.1% en relación con mayo de 2025, y que representa un 27.4% del presupuesto general de la República aprobado para el presente año. Con dicha tasa de crecimiento, los pasivos totales de la ENEE llegarían a L178,930.9 millones en 2030.
Las cuentas por pagar por la compra de energía, en el mes antes indicado, crecieron un 34.7%, pasando de L14,058.3 millones en 2025 hasta elevarse a L18,940.1 millones en 2026. No me atrevo a cuantificar a cuánto ascenderá la deuda con los proveedores de energía en 2030, porque la tasa de aumento mencionada es tan grande que resulta imposible que dichos proveedores de energía puedan tolerar un pasivo de corto plazo tan oneroso sin dejar de suministrar electricidad y ocasionar un caos.
De acuerdo con el actual gerente de la ENEE, Eduardo Oviedo, las pérdidas de energía ascienden al 38.0%, aunque el exgerente de la empresa durante el gobierno anterior sostiene que las mismas son únicamente del 32.1%. Lo esencial reside en que ambos datos superan el 15.0% de pérdidas permitido por la ley, representando porcentajes comprendidos entre el 17.1% y el 23.0% de pérdidas no técnicas, las cuales conllevan un impacto económico de más de L15,100.0 millones anuales, equivalentes a L41.9 millones diarios.
Todo lo anterior indica que resulta urgente modificar la situación de la ENEE, pero nuestros políticos, además de retrasar las reformas pertinentes, se han embarcado en una discusión bizantina relativa a la privatización y división de la empresa en negocios mercantiles o públicos.
A mi juicio, no importa si la ENEE se divide en tres empresas de carácter público o privado, porque lo verdaderamente importante consiste en la forma en que se gestionarán o gobernarán las mismas, de tal manera que se garantice que los políticos o las élites económicas no tengan influencia para imponer a los funcionarios que encabezarán cada negocio.
Si las empresas de generación, transmisión y distribución quedan en manos de los políticos de turno, la reforma del sector eléctrico fracasará, ya que de nada servirá que tanto el Operador del Sistema de Mercado (OSM) como la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) queden con independencia técnica y financiera, debido a que no podrán controlar el mercado y el sector con suficiente eficiencia, transparencia y rendición de cuentas
