A 44 años de volver a la democracia, la de Honduras continua vulnerable y frágil, en construcción constante. Un proceso de consolidación que no culmina y en el que lo logrado retrocede y se deteriora.
Un Ministerio Público y un Congreso Nacional al margen de la Ley, en contra del pueblo que están obligados a representar y a amparar. Los únicos entes que hasta hoy no han sido cooptados por la oligarquía melista, son el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral.
El campo de batalla, no campaña electoral, en que nos han plantado, pueden hacernos olvidar que las instituciones no existen para servir al gobierno sino que las instituciones existen para limitar el poder del gobierno. Está claro que la protección del CNE y del TJE, más allá de ser un asunto de civismo como otros, es la defensa patriótica y lógica del Estado de derecho frente al autoritarismo que pretende enseñorearse sobre ambos entes electorales.
Ese Estado de derecho que la facción en el poder se empeña en mantener resquebrajado y en apilar los pedazos en su provecho personal. El CNE y el TJE son cimientos y columnas de la soberanía popular y de la legalidad. Son indispensables para que las elecciones sean, vía expresión popular, legítimas y no un simulacro de beneficio a las pretensiones aviesas de quienes hoy detentan el poder.
Y también son garantes de que el voto, el instrumento más civilizado y pacífico de control ciudadano, conserve y crezca su valor. La autonomía del CNE y del TJE están sustentadas por los principios de legalidad, imparcialidad e independencia funcional, fundamentos principales de una autentica República, no la de fachada en que se empeña convertirnos la oligarquía melista.
Solo busca más concentración de poder y dineros mal habidos. Más que defender a sus titulares es hacer valer las leyes por encima de ambiciones personalistas.
La libertad solo existe en los límites al poder, y en materia electoral esos límites son el CNE y el TJE. ¡Defendámoslos ahora!
