Ya hemos dicho que así como el problema fundamental no consiste en tomar dinero prestado, tampoco lo es en sí la proporción que representa el saldo de la deuda pública respecto al PIB. Para seguir estando claros, el problema tampoco es endeudarse en determinados montos, si no, para qué o con qué propósitos se endeudan los gobiernos y, si con el uso del dinero prestado se logran rendimientos para poder pagar.
Todas estas situaciones están conectadas entre sí. Por ejemplo, en el conjunto de vencimientos que en un momento o determinado año urgen a la administración pública a programar su flujo de efectivo para cumplir con los compromisos, y decidir si es prudente contraer nuevos endeudamientos. Dicho de otra manera, en qué momentos se acumulan una gran cantidad de vencimientos de deuda que coinciden con las obligaciones rutinarias del gobierno y sus instituciones, constituyéndose en riesgos para la estabilidad de la nación.
En el caso concreto de Honduras, se observa en el horizonte un período continuo de seis años con altos compromisos por vencerse entre 2025 y 2030, con evidentes riesgos de prolongarse todavía más allá. En otras palabras, no solamente hay que ver los graves problemas del presente, sino también, las dificultades para cumplir con la deuda en los próximos años. A las dificultades recibidas por la administración 2022-26 hay que sumar las que se estarán heredando por el manejo actual de la deuda pública.
A estos riesgos se agregan algunos condicionamientos relacionados con la carga y el costo financiero. Siendo explícitos, por ejemplo, la vida promedio de la cartera de la deuda pública total se calcula en nueve años y cuatro meses (con datos estimados al primer trimestre de 2025). En el año 2009, ese promedio era de once años. Pareciera poco significativo, no obstante, continúa marcándose una clara tendencia a un
persistente acortamiento de
los plazos para pagar los
compromisos.
Al mismo tiempo, se han venido endureciendo sistemáticamente las condiciones en las tasas de interés y el tipo de contrataciones realizadas especialmente por los últimos cuatro gobiernos (incluido el actual) respecto a una menor concesionalidad. Por ejemplo, en 2009 el 82% de la deuda estaba estructurada en términos concesionales (menores tasas de interés y plazos más largos) pero, esta facilidad se ha reducido al 41% en 2025. Otro signo de endurecimiento es la proporción entre tasas fijas o variables de interés. En 2009, la deuda estaba comprometida con 91% a tasa fija y apenas un 9% con tasa variable. Al primer trimestre de 2025, preliminarmente se estima que lo contraído a tasas fijas es 64.7%.
Todas estas condiciones de endurecimiento de la deuda van más allá del saldo que transitoriamente disminuyó de diciembre de 2024 a marzo de 2025 desde US$17,400 a US$17,250 millones. Detrás de estas cifras que presentan una pequeña disminución en el saldo de la deuda pública total, hay que tomar en cuenta la enorme erogación en el pago anual del servicio de la deuda que en promedio se desglosa en la cancelación de unos US$2,000 millones en capital principal y en unos US$600 millones o más por concepto de intereses. Es decir, se está siendo “puntual” en pagar la deuda, pero a costa de postergar una mayor inversión pública productiva y en la atención de áreas prioritarias. Es notoria la urgencia de un plan de desendeudamiento.
