En un país crispado, cuando el poder comienza a perder legitimidad, aparecen prácticas que no buscan proteger la democracia, sino protegerse de ella. La escucha ilegal y la fabricación de evidencia falsa con fines políticos no son un error ni un exceso aislado: son un síntoma clásico de gobiernos que saben que el respaldo ciudadano se les escapa de las manos.
Este mecanismo es conocido: bajo el argumento de “seguridad”, se justifica la intromisión en la intimidad, la recopilación selectiva de audios y la edición interesada de conversaciones privadas. Luego, esas piezas fragmentadas se exhiben como supuestas pruebas, sin contexto, sin verificación y sin responsabilidad institucional. No se busca esclarecer hechos; se busca instalar sospechas, por medio de un espectáculo obsceno que revela la desesperación de quienes pierden el poder.
Hoy ese método es más peligroso que nunca. La tecnología -y en particular la inteligencia artificial- permite fabricar montajes con una facilidad alarmante. Voces clonadas, perfiles falsos, errores humanos simulados con precisión técnica. El objetivo no es demostrar la veracidad de una acusación, sino hacerla circular lo suficiente para que contamine el debate público. En política, muchas veces, la duda repetida funciona como condena.
En Honduras, donde los procesos electorales suelen desarrollarse en un clima de alta tensión social, el riesgo ya no se limita al fraude tradicional de actas o mesas. Existe también un fraude previo y posterior a la urna: el fraude de la escucha ilegal y la manipulación sonora convertida en arma política. En tiempos de conteo, esta práctica se transforma en una herramienta de chantaje, pues secuestra el derecho a disentir para luego instrumentalizarlo en un expediente. No se investiga para sancionar delitos; se presiona para conservar privilegios.
Ante una derrota electoral, el recurso más peligroso es generar desorden para justificar medidas excepcionales. Sembrar audios, viralizar sospechas y erosionar la credibilidad del adversario, del árbitro electoral y del propio proceso. Cuando la desconfianza se instala, el daño ya está hecho. La democracia no requiere un golpe frontal para debilitarse: basta con presentarla como ilegítima.
Por ello, el uso político de la inteligencia artificial y de la vigilancia ilegal no es solo un problema tecnológico o legal; es una amenaza directa al derecho a disentir, a participar y a elegir. Cuando el poder escucha ilegalmente, no busca información: busca intimidar. Y al intimidar, prepara el terreno para imponer, alargar o desconocer resultados bajo el pretexto de una crisis fabricada.
El 30 de noviembre la ciudadanía emitió su veredicto. Desconocer el proceso, ensuciarlo o manipularlo no es un acto de gobernabilidad: es una confesión de derrota moral. Su mensaje no solo es claro, es también déspota. Buscan ganar con el caos lo que no pudieron con las urnas.
