“A man’s house as his castle” (La casa de un hombre es su castillo) Antiguo dicho inglés popularizado por Sir Edward Coke en una de sus obras de 1628.
Uno de los anhelos más caros de los gobiernos y sus gobernantes es tener el control total no solo del Estado, sino también de sus ciudadanos. La intervención y control de un Estado utilizando medios como la economía, educación y cultura, la propaganda, la censura, la represión, la legislación política y uno de los más nuevos: La vigilancia masiva (utilización de tecnologías para monitorear comunicaciones y actividades de los ciudadanos) es algo muy grave y atenta contra las libertades civiles de los ciudadanos de un país. Alguien dijo: “Sospecha cuando un gobierno pretenda introducir leyes contra la libertad bajo la excusa de que ‘es por tu bien’...”, y es casualmente lo que CONATEL ha anunciado --sin tener competencias constitucionales-- que hará con respecto a exigir información biométrica en la compra o tenencia de números telefónicos de las dos compañías de telefonía móvil.
No tener en Honduras una ley sobre Protección de Datos Personales ni de Habeas Data descalifica cualquier accionar en ese sentido, porque no existe al momento ningún sustento legal para aplicarla, por lo tanto, podría ser calificada como un abuso de autoridad de CONATEL.
Por otro lado, no son desconocidos (ni pocos) los casos donde bases de datos de los ciudadanos custodiados por el RNP han sido sustraídas y vendidas a empresas privadas, supermercados, bancos, etc. Como también el reciente caso del grupo de hackeadores llamado Trigona del 25 de enero de 2024 en el cual se vio comprometida la información de los usuarios y dejó fuera de operación por varios días a una conocida empresa de telefonía móvil sin que se le hayan deducido responsabilidades ni tampoco recibido una disculpa pública junto a las compensaciones esperadas, por el perjuicio ocasionado a millones de usuarios.
En este país se sigue violando el derecho de participación de los consumidores y usuarios en muchas de las decisiones que nos afectan directamente. Es una pena que se actúe unilateralmente y se demuestre tan grande nivel de desprecio a quienes mantenemos la economía no solo de estas empresas sino del país. Por lo tanto, exigimos que se nos consulte de manera formal antes de establecer medidas o acciones que son ilegales a todas luces.
En estos momentos, el Estado no puede garantizar de ninguna manera el uso seguro o la privacidad de nuestra información personal y con los antecedentes que se conocen sobre el mal manejo histórico, nos oponemos a nuevas formas de exponer a los ciudadanos y conculcar el derecho a la privacidad. No obstante, sí se puede reorganizar la metodología en la asignación de nuevas líneas telefónicas y hacer una revisión y limpieza de las existentes para crear responsabilidad en la ciudadanía.
Por el momento, creemos que con la información que el Estado tiene de sus ciudadanos en el RNP es más que suficiente para validar la tenencia de una línea telefónica. La información biométrica ES PRIVADA y aunque digan que “es por nuestro bien” no les creemos. Meterse con nuestros datos biométricos de forma irresponsable y sin sustento legal genera esa advertencia lapidaria del antiguo dicho inglés de Sir Edward Coke y nos anima a preparar las mechas de los cañones de nuestros castillos y a montar las bayonetas para defender nuestro sagrado derecho a la privacidad.
