Las tensiones y el casi fracaso del último proceso electoral exigen reformas profundas. No por caprichos partidistas, sino por necesidad jurídica y Socio Política que buscarían se fortalezca la legitimidad del poder público.
La Constitución de la República consagra el principio de soberanía popular y el derecho de los ciudadanos a elegir y ser electos. Asimismo, la Ley Electoral vigente establece que el sufragio debe ser universal, libre, directo y secreto. Sin embargo, cuando las Juntas Receptoras de votos son dominadas por intereses sectarios -ni siquiera partidarios- se debilita la imparcialidad.
La ciudadanización de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) no es un simple ajuste administrativo: es un mandato ético y democrático. El propio diseño institucional del Consejo Nacional Electoral (CNE) exige independencia y equilibrio. Pero ese diseño es insuficiente si en la base operativa de las JRV, prevalecen las cuotas partidarias.
Se ha comprobado en América Latina que con ciudadanos seleccionados por sorteo, bien capacitados, se reduce la conflictividad y se eleva la credibilidad del proceso. La ciudadanización de las JRV fortalecería el principio de igualdad ante la ley, evitaría privilegios indebidos y protegería el derecho fundamental del voto. Y sería respuesta a compromisos como los suscritos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que exige garantías efectivas para el sufragio. La medida tendría mayor impacto en lo Socio Político. Ciudadanos independientes en la administración electoral promueve cultura cívica, disminuye la polarización y transforma al votante en garante del sistema.
La ciudadanización de las JRV debe ser la primera reforma electoral en aprobarse: exige planificación, reglamentación clara y capacitación técnica y ética. Sin reformas estructurales, la desconfianza seguirá erosionando la institucionalidad. Con ellas, Honduras puede avanzar con firmeza hacia elecciones transparentes, legítimas y verdaderamente democráticas.
