El requerimiento de manejo transparente de los recursos públicos en Honduras no admite retrasos. No es ideal abstracto, es condición indispensable para reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones y garantizar que cada lempira cumpla su propósito: servir al bien común.
Los recientes cuestionamientos sobre la distribución de fondos a diputados, para que estos a su vez los canalicen hacia organizaciones o personas en necesidad, han encendido una alerta legítima. Aun cuando dichas asignaciones parten de buenas intenciones, la ciudadanía demanda algo más que voluntad: exige certeza. Es imperativo que se establezca, sin espacio para dudas ni objeciones, que esos recursos llegan efectivamente a su destino final, con mecanismos claros de rendición de cuentas, trazabilidad y supervisión independiente.
Sin embargo, el problema de fondo trasciende la fiscalización. La función del diputado no es administrar ni ejecutar recursos públicos. Su rol constitucional es legislar, representar y fiscalizar. Cuando se desdibuja esta línea, se abre la puerta falsa a la discrecionalidad, al conflicto de intereses y, por ende, a la pérdida de credibilidad institucional.
Los diputados pueden y deben gestionar proyectos en favor de sus comunidades, pero nunca recibir ni manejar directamente los fondos destinados a ellos.
Honduras ha pagado un alto costo por la corrupción, pero también por la percepción de corrupción. Ambas erosionan la confianza, debilitan el Estado de derecho y desalientan la inversión y el desarrollo. Por ello, no basta con actuar correctamente; es indispensable que las acciones públicas sean transparentes, verificables y éticamente incuestionables.
Hoy más que nunca, el país necesita señales claras de integridad.
La transparencia no es una opción política, es una obligación moral y jurídica. Solo así podremos avanzar hacia una democracia sólida, donde la gestión pública inspire confianza y donde el ejercicio del poder responda, sin ambages, al mandato del pueblo.
