La decisión de Nayib Bukele de enviar tropas salvadoreñas a Haití marca el movimiento más audaz de su política exterior. Tras consolidar su modelo de seguridad a nivel interno, el mandatario apuesta ahora por enviar tropas al escenario más complejo del continente.
Enfrentar a coaliciones armadas que controlan gran parte de un Estado colapsado implica un desafío táctico, cultural y político sin precedentes, donde el margen entre el éxito diplomático y el desgaste militar es sumamente estrecho.
El castigo a Haití se consumó en 1825, cuando Francia extorsionó a la isla, bajo amenaza militar, para cobrar una indemnización de 150 millones de francos a favor de los antiguos esclavistas. Ese saqueo desangró las arcas haitianas por más de un siglo y condenó al país a la precariedad.
El colapso estatal que hoy obliga a fuerzas extranjeras a disputar el territorio al crimen organizado no es espontáneo, sino la factura histórica de una nación a la que nunca dejaron ejercer su independencia.
Asimismo, la política exterior estadounidense hacia Haití muestra una continuidad orientada a subordinar su autodeterminación a los intereses estratégicos y comerciales de Washington. Pese al discurso de estabilización democrática, la evidencia histórica demuestra que la injerencia externa atrofió las capacidades estatales haitianas y reprodujo su vulnerabilidad.
Desde el siglo XIX, Haití ha sufrido sucesivas intervenciones de Estados Unidos. Destaca la ocupación militar de 1915 a 1934, que reescribió su Constitución, controló sus finanzas y creó una guardia militarizada que sentó las bases del autoritarismo.
Durante la Guerra Fría y las décadas siguientes, Washington respaldó dictaduras como la de los Duvalier, intervino militarmente en 1994 y 2004 e impuso una apertura comercial que destruyó la agricultura local y profundizó la dependencia económica.
Las misiones de la ONU tras el terremoto de 2010 no lograron estabilizar el país, dejando, en cambio, una cicatriz de negligencia e impunidad por la epidemia de cólera que introdujeron y las graves denuncias de abusos sexuales contra la población vulnerable.
Existe consenso en que esta injerencia, sumada a la corrupción interna y a la deuda colonial francesa, determinó el retraso estructural del país. Al subordinar la soberanía haitiana a intereses externos, se impidió construir instituciones sólidas capaces de garantizar seguridad o servicios básicos.
El dominio imperial es, en sí mismo, una forma de violencia estructural que impide el desarrollo de instituciones genuinas. Lo ocurrido en Haití es una advertencia urgente para toda América Latina: sin soberanía plena y autodeterminación real, cualquier proyecto de paz y democracia está condenado al fracaso.
El verdadero reto para Bukele será encontrar apoyo entre interlocutores locales e internacionales que no estén comprometidos con el pasado de dominación y corrupción que hundió a Haití. Solo rompiendo con esas viejas élites será posible sostener el orden cuando las tropas regresen a casa, entendiendo que de donde le vinieron los males a Haití no le podrán venir las soluciones.