En momentos de profunda crisis social e institucional, la efectividad del Poder Ejecutivo no se sostiene únicamente en la voluntad política, sino en la calidad técnica, el rigor ético y la solvencia académica de quienes aconsejan al señor presidente constitucional.
En la actualidad, Honduras atraviesa un panorama sumamente complejo, caracterizado por la agudización de históricos problemas sociales: niveles persistentemente altos de pobreza y desempleo, un preocupante incremento en los índices de inseguridad y violencia, deficiencias estructurales en el acceso a la salud y la educación, e intensos fenómenos de migración forzada que desintegran a las familias hondureñas.
Hoy en día existe un extendido debate y una preocupante percepción de que diversos asesores del actual gobierno no reúnen ni acreditan la formación académica ni la trayectoria profesional indispensables para desempeñar un cargo de tan alta responsabilidad. Ser seleccionado y nombrado como asesor presidencial no puede responder al pago de favores políticos ni al amiguismo; exige, en cambio, la excelencia acreditada de un equipo multidisciplinario capaz de orientar las decisiones estratégicas de la nación.
Para garantizar la estabilidad social, económica y democrática de Honduras, la figura del asesor presidencial debe depurarse y responder a un perfil técnico riguroso. Quienes ocupen estas posiciones deben fundamentar su labor, al menos, en los siguientes ejes estratégicos:
Seguridad ciudadana y gobernabilidad: especialistas en estrategia, inteligencia militar y policial, mediación de conflictos y mantenimiento del orden constitucional mediante el diálogo inclusivo.
Economía, finanzas y empleo: economistas y expertos en finanzas públicas enfocados en la estabilidad macroeconómica, la atracción de inversiones, la renegociación de la deuda y la generación masiva de empleo.
Desarrollo e inclusión social: expertos en salud pública, educación y políticas sociales capaces de rediseñar la red de protección social y garantizar que el gasto público llegue sin clientelismo a los sectores más vulnerables, para satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, educación, vivienda, empleo, seguridad interna y desarrollo integral.
Gestión ambiental y resiliencia: especialistas en gestión de riesgos y ordenamiento territorial para proteger la infraestructura crítica y mitigar el impacto del cambio climático.
Transparencia y modernización: juristas constitucionalistas y auditores orientados a digitalizar la administración pública, blindar las contrataciones del Estado y restaurar la confianza ciudadana.
Además de este dominio temático, el cuerpo de asesores debe cumplir con criterios insoslayables de idoneidad: Mérito, capacidad y formación; honestidad e integridad incuestionables; lectura del acontecer nacional y gestión de crisis y vocación de diálogo.
El desarrollo nacional exige poner al ser humano y a la dignidad de la persona en el centro de toda política pública e inversión estatal. Para lograr un crecimiento económico con equidad, una democracia sólida, instituciones transparentes y servicios de calidad, es imprescindible contar con un liderazgo analítico de primer nivel.
Honduras no puede permitirse la improvisación en el entorno más cercano a la Presidencia. El país demanda un cuerpo de asesores sumamente informado, técnicamente idóneo, capacitado para trabajar bajo presión y completamente honesto, cuya única lealtad sea el bienestar de la ciudadanía y el fortalecimiento de la República.