El fuerte incremento internacional de los combustibles está poniendo a prueba la capacidad del Gobierno para proteger a los consumidores sin desordenar las finanzas públicas. La decisión anunciada de absorber temporalmente L12.01 por cada galón de diésel, equivalente al Aporte para la Conservación del Patrimonio Vial (ACPV), constituye un paso importante porque concentra el alivio precisamente en el combustible con mayor efecto transversal sobre la economía.
La medida tendrá una vigencia inicial de 30 días a partir del 5 de octubre. Adicionalmente, durante octubre se mantendrá el apoyo económico temporal del 70 % para la gasolina regular y un subsidio de L54 por cilindro de gas LPG doméstico.
Es una respuesta que reconoce que el problema ya no afecta solamente al propietario de un vehículo: el precio del diésel incide directamente en el transporte público y de carga, la agricultura, la producción, la distribución de alimentos y, finalmente, en la inflación.
Esta medida sí puede contribuir de manera directa a contener las presiones inflacionarias, porque actúa sobre uno de los costos que se transmite rápidamente a buena parte de la cadena productiva. Si se reduce el impacto del diésel sobre transporte, producción y distribución, se modera también su traslado hacia los precios finales.
Es un mecanismo diferente al reciente incremento de la Tasa de Política Monetaria (TPM), cuya capacidad para enfrentar una inflación originada principalmente por combustibles, alimentos y otros factores de oferta es más indirecta y toma tiempo en transmitirse a la economía.
Ambas políticas pueden complementarse: la política fiscal actuando sobre el choque inmediato de costos y la política monetaria procurando evitar efectos inflacionarios de segunda vuelta y preservar las expectativas. El desafío es encontrar el equilibrio para contener la inflación sin encarecer innecesariamente el crédito ni debilitar la actividad económica.
La eliminación temporal del ACPV sobre el diésel va en la dirección correcta, pero debería formar parte de un esquema gradual. Si los precios internacionales disminuyen, el beneficio fiscal podría reducirse progresivamente hasta restablecer el impuesto. De esa manera, se evita convertir una medida extraordinaria en permanente y se establece desde el comienzo una ruta de salida.
También es indispensable cuantificar el costo. El Gobierno ya venía subsidiando hasta el 70 % de los incrementos de la gasolina regular y el diésel. Según cifras expuestas recientemente en el Congreso, durante 2026 se han destinado más de L1,300 millones a subsidios, frente a aproximadamente L650 millones contemplados originalmente. Esto obliga a determinar de dónde provendrán los recursos adicionales y cuál será su efecto sobre el cierre presupuestario de 2026. El análisis debe extenderse al Presupuesto 2027.
Esta coyuntura debería servir para construir un verdadero Fondo de Estabilización de los Combustibles. Cuando los precios internacionales bajen, parte de los recursos podría alimentar el fondo; cuando ocurran choques extraordinarios, como el actual, esos recursos permitirían amortiguar temporalmente los incrementos sin improvisar subsidios ni comprometer otras prioridades.
