Hay una pregunta que flota en cada proceso electoral en Honduras y que nadie en el Congreso quiere responder con franqueza: si todos decimos que queremos elecciones limpias, ¿por qué nadie quiere aprobar las leyes que las harían posibles?
Llevamos tres elecciones consecutivas prometiendo lo mismo: transparencia, seguridad y resultados oportunos. Y llevamos tres elecciones consecutivas llegando a la medianoche del domingo entre la incertidumbre, con un sistema de transmisión preliminar que flaquea, actas que no cuadran y la sombra de la sospecha instalada como método de hacer política.
El problema en Honduras ya no es falta de diagnóstico, sino falta de voluntad política.
El país sabe exactamente qué necesita para dar un salto civilizatorio. La biometría para identificar a cada votante en la mesa ya la utiliza cualquier entidad financiera para un trámite cotidiano. La digitalización del acta en la mesa, transmitida en tiempo real donde hay conectividad y respaldada de forma encriptada en las zonas rurales más apartadas para evitar la manipulación en el traslado físico, es un estándar logístico plenamente aplicable en nuestra geografía. El balotaje, por su parte, existe en la gran mayoría de las democracias de América Latina para garantizar legitimidad a quien gobierna.
Si las soluciones técnicas son conocidas, la gran duda es por qué la persistente reticencia legislativa. La respuesta apunta a que la opacidad sigue resultando rentable para las estructuras tradicionales.
Para romper este círculo vicioso, la reforma electoral ya no puede seguir postergando tres correcciones estructurales indispensables.
Primero: terminar con el financiamiento público de las elecciones internas. Es un sinsentido moral que un pleito partidario privado para definir candidaturas sea pagado con los impuestos de todos los ciudadanos. Las primarias deben sostenerse con cuotas de afiliados y aportantes privados, liberando al Presupuesto de la República de esa carga innecesaria.
Segundo: poner orden en la deuda política y el financiamiento de campañas. Hoy el Estado eroga sumas cuantiosas que ingresan a una caja negra sin auditorías rigurosas ni rendición de cuentas real, fomentando fortunas súbitas en la política. La reforma debe reducir el valor por voto, condicionar el desembolso a la comprobación estricta de gastos, exigir reglamentos internos de buena administración y castigar penal e institucionalmente a quien desvíe un solo lempira.
Tercero, y el más crítico de todos: la despolitización profunda de los órganos electorales. Mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) sigan siendo repartidos como cuotas de poder entre los partidos en competencia, el árbitro seguirá siendo un jugador camuflado. Se requiere un modelo de selección por concurso público abierto, pruebas de idoneidad, veeduría académica y social, mandatos escalonados de siete años e inhabilidades claras para exdirigentes partidarios. Sin independencia institucional, cualquier elección se reduce a una simulación.
Los detractores de estos cambios argumentan falta de presupuesto o de tiempo legislativo. Sin embargo, resulta paradójico que siempre haya espacio político para aprobar amnistías de madrugada, pero escasee para debatir con antelación las reglas que garantizan la paz social. Ningún país puede atraer inversión seria ni consolidar su desarrollo si no es capaz de dar certeza sobre sus resultados electorales.
Congreso: validación biométrica en la mesa, actas digitalizadas y trazables, internas autofinanciadas, deuda política fiscalizada lempira por lempira y órganos electorales libres de injerencia partidaria. Eso es lo mínimo que exige la democracia hondureña.
Si deciden no hacerlo, que al menos tengan la honestidad cívica de explicarle a la ciudadanía a qué —o a quién— le tienen miedo.
