1971: elecciones, pacto político, “pactito”

Los comicios de ese año deben ubicarse en un doble contexto: el conflicto bélico con El Salvador (1969) y las negociaciones efectuadas con antelación a dicha elección por sectores empresariales, obreros, políticos

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2025 a las 00:00

Los comicios de ese año deben ubicarse en un doble contexto: el conflicto bélico con El Salvador (1969) y las negociaciones efectuadas con antelación a dicha elección por sectores empresariales, obreros, políticos. Cualquier pretensión continuista del general López Arellano quedó frustrada a resultas de su inepto desempeño en respuesta a la invasión y guerra con el vecino país. De haber actuado de manera enérgica y decisiva se hubiera reivindicado ante sus compatriotas y la Historia. Ese no fue el caso, lo que acrecentó los niveles de impopularidad hacia él y su régimen.

Las pláticas sostenidas por diversos grupos de presión e interés a efecto de convocar a la ciudadanía a elecciones están magistralmente descritas por el colega Darío Euraque en “El capitalismo de San Pedro Sula y la historia política hondureña (1870-1972)”. “La reunión de noviembre de 1969 y sus resoluciones fueron dominadas por personalidades progresistas de la burguesía nor-costeña y líderes sindicales de esa zona como Gale Varela y Céleo González. Una resolución clave adoptada en esa reunión se refería al problema de cómo esas fuerzas podrían ‘participar en política’. Esta resolución y las reuniones relacionadas con el movimiento CTH-Cohep en San Pedro Sula dieron fruto. El 13 de febrero de 1970, se reunieron con López Arellano y discutieron un planteamiento que perfilaba un posible acuerdo entre la CTH, el Cohep y las Fuerzas Armadas, que pudiera ser ofrecido a los partidos políticos como base para competir en las elecciones de 1971. Este documento llamaba a elecciones libres, a la integración de un gabinete de profesionales capaces, una lista única de diputados al Congreso, una ley de servicio civil y un plan mínimo de gobierno a ser elaborado por todos los suscriptores del acuerdo”. (pp. 286-287). Las dirigencias liberal y nacional aceptaron en principio tal consenso, pero adaptándolo y deformándolo de acuerdo a sus intereses y conveniencias. Rechazaron el consensuar un único candidato presidencial, iniciativa inspirada en lo implementado en Colombia y su sistema bipartidista Liberal y Conservador, con rotación alterna en el control del poder político. Su posición prevaleció y dos candidatos presidenciales compitieron: Jorge Bueso Arias por el liberalismo, Ramón E. Cruz por el nacionalismo. El primero no contaba con el respaldo de su correligionario en control del partido: Modesto Rodas Alvarado, el segundo nuevamente era postulado, habiendo sido nominado en la frustrada elección de 1963, impedida por el golpe de Estado de ese año que derrocó a Villeda Morales. La visión patrimonialista del poder y la nación por parte de las cúpulas bipartidistas, percibidos como un botín a ser repartido proporcionalmente, de acuerdo al resultado electoral, quedó plasmado en el “pactito”: reparto de los cargos en la administración pública, desde ministros hasta conserjes, ignorando la capacidad, experiencia, honestidad, fue hecho publico un día antes de la elección, realizada el 28 de marzo de 1971, con un abstencionismo del 50%. Así, contraviniendo los términos acordados en el Pacto, firmado por ellos y los avales, desnaturalizaron las intenciones de estos últimos.

Esta elección, que incorporó en una sola la presidencial, legislativa y municipal, fue la primera directa desde la realizada en 1954, en que ninguno de los tres candidatos: Villeda Morales, Carías, Williams, había logrado mayoría absoluta, tal como lo consignaba la Constitución vigente, la de 1936.

El voto favoreció a Cruz, su gobierno enfrentó tanto amplio descontento social, manifestado en ocupación de tierras por el campesinado, masacres de labriegos, sacerdotes y estudiantes en Olancho, intrigas al interior de su partido y gabinete, fomentadas por López Arellano y Zúniga Augustinus, corrupción de alto nivel, agregado a la visión excesivamente legalista del mandatario, más sus limitaciones administrativas dirigiendo el Estado.

Nuevamente ocurrió el derrocamiento de un régimen constitucional por el protagonista del perpetrado en 1963, acaecido esta vez el 4 de diciembre de 1972. A diferencia de aquel, este fue incruento y recibió favorable acogida por la población.

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