Al saldo de la deuda de la administración central alcanzada a diciembre de 2025 de US$17,969.4 millones, habría que sumarle los compromisos de la autoridad monetaria (BCH) y las deudas que tienen empresas públicas, por ejemplo, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), y, por supuesto, los endeudamientos contraídos por varias corporaciones municipales. El resultado sería un gran total de deuda pública del Estado hondureño. Una estimación conservadora de US$20,000 millones (20 millardos) está en un rango correcto.
No es apropiado seguir creyendo que el nivel de endeudamiento es bajo y sostenible únicamente considerando el coeficiente deuda/PIB. Tampoco es correcto compararnos con el promedio de endeudamiento que tienen países del área centroamericana. Siendo el promedio de endeudamiento de Costa Rica, El Salvador y Belice de casi el 74% respecto al PIB conjunto y, siendo para Honduras de 46%, eso no debe servir de pretexto para continuar endeudándonos comprometiendo aún más las finanzas públicas. Mucho cuidado en justificar más deudas basándose en índices superficiales.
Otro riesgo a profundizar es el porcentaje de deuda con la banca transnacional, concretamente mediante bonos “soberanos” que implica altas tasas y plazos más cortos. Hace 10 años (2016) el saldo total de la deuda pública era de US$9,770 millones de los cuales, la deuda externa llegaba a los US$5,840 millones dentro de los cuales, la deuda bonificada soberanamente ya era de US$1,050 millones (un 17.9% de la deuda externa). Iniciando 2026, los mencionados bonos ascienden a US$2,200 que representan el 24% superando incluso a los acreedores bilaterales.
Ese mayor compromiso y riesgo con las deudas en condiciones del mercado internacional de capitales se confirma con el endurecimiento sistemático de las condiciones en las tasas de interés y el tipo de contrataciones realizadas especialmente por los últimos cuatro gobiernos (incluido el encabezado por Xiomara) respecto a una menor concesionalidad. Por ejemplo, en 2009, el 82% de la deuda externa estaba estructurada en términos concesionales (menores tasas de interés y plazos más largos) pero, en 2025, se había reducido al 61%. Otro signo de endurecimiento de las condiciones crediticias se manifiesta en que -por ejemplo- en 2009, el 91% estaba a tasa fija y apenas 9% a tasas variables. Al finalizar 2026 lo estructurado a tasas fijas se ha reducido al 60.7%. En esta misma línea, en 2027 se debe pagar el capital del bono soberano contraído en 2017 por un monto de US$700 millones y que, a finales de marzo del presente 2026 equivale a unos L18,640 millones. En 2030, hay que pagar el otro bono por US$600 millones.
Otra señal de advertencia es que en 2025 el mayor desembolso de recursos externos no provino de los principales acreedores (los organismos multilaterales) que individualmente no superaron los US$121 millones (el proveniente del BID) mucho menos de los bilaterales sino que provino precisamente del desembolso de bonos soberanos, siendo recibidos US$200 millones, como ampliación a los US$700 ya contratados por la administración Castro a finales de 2024. En total, hay que pagar esos US$900 millones en el cercano 2034.
En síntesis, aunque las métricas del mercado internacional (por ejemplo el EMBI) sigan calificando la deuda pública hondureña como de riesgo “medio” o “estable”, no es prudente ni sostenible continuar con la espiral de endeudamiento.
