Dando continuidad al artículo publicado la semana pasada “Migración y periodismo responsable”, sobre una charla que brindó el periodista Aldo Enrique Romero en la UNAH, el expositor manifestó: “Durante más de 25 años, miles de hondureños han vivido en Estados Unidos bajo el amparo del Estatus de Protección Temporal (TPS).
Llegaron tras el huracán Mitch en 1998 y, desde entonces, han echado raíces sólidas: formaron familias, compraron casas, abrieron negocios, trabajaron en múltiples industrias y contribuyeron con sus impuestos y con remesas que se convirtieron en un pilar de la economía hondureña.
Para ellos, el TPS no fue un simple permiso migratorio, sino la oportunidad de construir un proyecto de vida. Hoy, la cancelación de este programa por parte de Washington plantea un escenario incierto y doloroso. Quienes han pasado décadas forjando su futuro en Estados Unidos enfrentan el riesgo de volver a un país que todavía no ofrece las condiciones de seguridad, empleo y bienestar que garanticen un retorno digno.
El contraste es evidente: mientras allá se insertaron en una sociedad con acceso a educación y oportunidades, aquí encontrarán precariedad laboral, servicios públicos deficientes y un entorno inseguro. La mayoría de hondureños bajo TPS no desea regresar. Lo que para algunos en el debate político suena a terquedad, en realidad responde a una lógica humana: después de haber pagado impuestos, estudiado y trabajado durante más de dos décadas, ¿cómo pedirles que abandonen todo lo construido?
Muchos buscarán, a toda costa, la manera de permanecer en Estados Unidos. Algunos optarán por vías legales como solicitudes de residencia a través de familiares; otros podrían, con dolor, recurrir a la irregularidad. Lo que está claro es que el retorno no es su primera opción. Y no lo es porque Honduras no se ha preparado.
El retorno masivo, sea forzado o voluntario, siempre es traumático. Pero lo es aún más cuando las instituciones no cuentan con planes ni recursos para ofrecer una verdadera reinserción.
