Las elecciones presidenciales del 30 de noviembre han puesto de manifiesto, con crudeza preocupante, la fragilidad de los cimientos democráticos del país. A casi dos semanas de la votación, Honduras sigue sin un presidente electo, con un escrutinio paralizado, denuncias cruzadas y desconfianza ciudadana que amenaza con fracturar aún más la ya frágil cohesión social.
Estos comicios no sólo revelan fallos coyunturales, sino que evidencian una crisis estructural del sistema electoral hondureño que exige reformas profundas e inmediatas.
La incapacidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) para administrar un sistema de transmisión de resultados confiable, que ha sufrido fallas técnicas repetidas, retrasos y paralizaciones, no es un accidente aislado: es un síntoma de una institucionalidad electoral debilitada. Organismos encargados de lo que debería ser una tarea técnica básica como el conteo y la publicación oportuna de resultados han terminado siendo objeto de disputas partidistas y de cuestionamientos públicos.
El proceso está tan fracturado que miles de actas con inconsistencias aún esperan revisión minuciosa, y el órgano legislativo ha llegado incluso a anunciar que no validará los resultados ante supuestas irregularidades. ¿Qué reformas son urgentes? La experiencia de 2025 ha demostrado que confiar en procesos tecnológicamente obsoletos o mal implementados puede paralizar un país entero.
Es urgente modernizar los sistemas de transmisión y escrutinio de resultados, con protocolos auditables que permitan trazabilidad y verificación independiente. Autonomía e independencia de las autoridades electorales.
El diseño actual del CNE, profundamente politizado, ha facilitado que las disputas partidarias contaminantes afecten su funcionamiento técnico y ético.
Honduras requiere órganos electorales con verdadera autonomía de los partidos políticos, con mecanismos claros para evitar presiones internas y externas y la incorporación de una segunda vuelta electoral.
