Sobre el tema del pasaporte vitalicio, el analista Virgilio Durón Silva me comentó que: “En un país como el nuestro, donde la corrupción y el abuso del poder, la autoridad, o la misma confianza encomendada del pueblo, se convierte en transgresión a cada instante.
Es lamentable escuchar una vez más el escándalo suscitado por el excanciller, Eduardo Enrique Reina García, quien, mediante acuerdo No. 001-SG-2025, y en “uso de las facultades constitucionales”, de la Ley General de la Administración, Ley de Migración y Extranjería, la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley del Servicio Diplomático Consular de Honduras, logra confabular una acción específica para otorgar pasaportes a algunos miembros y exfuncionarios que conservan el derecho de renovarlo de manera vitalicia.
Es de hacer notar que la ley del 14 de junio del 2025, (realizada en el gobierno anterior), los pasaportes diplomáticos tienen fecha de vencimiento y de manera general pueden ser revocados. Si se analiza el artículo 11 del Reglamento de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales, menciona en el inciso 2, que serán revocados cuando los funcionarios y servidores públicos hayan cesado en sus cargos y/o sean separados de la institución.
Más delante en el artículo 13 del mismo reglamento, dice que los pasaportes diplomáticos y oficiales tendrán vigencia de uno o cinco años. Y es aquí en el artículo 13 donde entra la controversia, ya que en el párrafo segundo del artículo en mención dice sobre los expresidentes de los poderes del Estado y sus cónyuges, los exsecretarios y exsubsecretarios de Estado en los despachos de Relaciones Exteriores y cooperación internacional y sus cónyuges, tienen el “PRIVILEGIO” de portar pasaporte diplomático de manera vitalicia.
Pero bien, a manera de contexto se menciona lo anterior, y como una medida acertada, el presidente Asfura empieza con derogar parte del Acuerdo Ejecutivo No. 001-SG-2025 que otorgaba pasaportes diplomáticos vitalicios a exfuncionarios de la Cancillería y a sus cónyuges. Con esta derogación, el beneficio se limita únicamente a los expresidentes de los tres poderes del Estado, según lo establece el reglamento vigente desde 1998.
