El secuestro y posterior asesinato de miembros de la Policía Nacional, así como la ejecución múltiple de 17 compatriotas en distintos hechos violentos, representan una tragedia que no puede reducirse a otra cifra en las estadísticas criminales.
Hechos atroces que evidencian el deterioro de la seguridad pública y la profunda descomposición social que amenaza nuestra convivencia democrática. No podemos permitir que la consternación pase, debe mantenerse y que no se convierta, una vez más, en resignación colectiva, o peor, en terrible indiferencia.
Corremos el peligro de acostumbrarnos al horror. No podemos acostumbrarnos a la violencia, ni a la insensibilidad ante la tragedia humana: la de hondureños. Ese es el peor daño producido por el crimen organizado: asesina personas, pero destruye -sin enterarnos- la esperanza y la confianza ciudadana. Con qué descuido fue montada la operación policial que culminó la desgracia de cinco policías.
La improvisación, la falta de inteligencia operativa y las debilidades estructurales en los cuerpos de seguridad exponen hasta burdamente a quienes arriesgan su vida por protegernos. Las autoridades tienen la obligación moral y jurídica de revisar los protocolos, fortalecer la capacidad táctica y deducir severamente responsabilidades ante semejantes fallas cuando existan fallas.
Las causas son más profundas. Precariedad, impunidad, corrupción, narcotráfico, debilitamiento institucional y pérdida del control de amplias extensiones de nuestro territorio han hecho de nuestro país tierra fértil al empoderamiento de la criminalidad. No hay espacios vacíos: no está la autoridad, está el delincuente.
Honduras necesita una política integral de seguridad. Una que sea inteligencia estratégica, fortalecimiento institucional y oportunidades reales para la juventud. Condenamos con firmeza estos actos inhumanos, clamamos por protección para las familias de los policías caídos en el cumplimiento de su deber y exigimos justicia. ¡Mano dura, presidente Asfura!
