La vigencia efectiva de los derechos de las personas adultas mayores en Honduras sigue condicionada por la pobreza, la dependencia y prácticas de discriminación por su edad, con impactos directos en el derecho a una vida digna, a la salud y a la participación ciudadana.
Desde la Defensoría de Personas Adultas Mayores del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) se detalla que en el año 2025 se atendieron 937 quejas por vulneraciones de derechos civiles y políticos a esta población y que durante operativos con la Dirección de Protección al Consumidor se identificaron establecimientos que niegan los descuentos legalmente establecidos, una práctica que afecta directamente a los adultos mayores en su acceso a la alimentación, a los medicamentos y otros bienes esenciales en un contexto de alza de los productos de la canasta básica.
En su informe de observación de las elecciones generales del pasado mes de noviembre se registraron una serie de inconformidades ciudadanas por condiciones de accesibilidad y se advirtió que la falta de previsión frente a limitaciones como la movilidad reducida puede constituir una vulneración directa de derechos políticos de las personas adultas mayores.
Mujeres, las más expuestas
La Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) de 2025 estima que la población de 60 años o más es de 1,469,284 personas que representa el 14.7% del total nacional.
El 54.2% son mujeres. Casi 4 de cada 10 residen en el área rural, donde el acceso a la salud, seguridad social y los servicios básicos es más limitado.
La cobertura de jubilación continúa siendo baja y la pobreza afecta con mayor fuerza a las personas adultas mayores. Para las mujeres, la situación se agrava por trayectorias laborales marcadas por el trabajo no remunerado de cuidados y menor acceso a pensiones contributivas.
