El sobreseimiento definitivo dictado en el 1 de septiembre, a favor del expresidente Juan Orlando Hernández en el caso Pandora II obliga a separar, con rigor jurídico, tres conceptos que suelen confundirse: acusación, responsabilidad penal y verdad histórica.
El juez concluyó que los elementos aportados no eran suficientes para sostener la imputación por fraude y lavado de activos y ordenó el cierre del proceso, decisión que todavía puede ser recurrida ante la Corte de Apelaciones.
La Fiscalía había solicitado el formal procesamiento y prisión preventiva. La defensa sostuvo que Hernández no tenía competencia para autorizar ni administrar los recursos cuestionados, pues los hechos investigados correspondían al período en que presidía el Congreso. Esa tesis fue acogida por el juzgado.
Desde la perspectiva del debido proceso, el fallo tiene una consecuencia clara: nadie puede ser condenado por sospechas, asociaciones políticas o reputación pública. El Derecho Penal exige prueba suficiente, individualización de la conducta y vínculo concreto entre el imputado y el hecho delictivo.
Por eso, el sobreseimiento no significa jurídicamente que el juez haya declarado falsos los hechos denunciados; significa que, en este proceso y con la prueba presentada, no encontró base suficiente para continuar hacia una condena.
Pero aquí aparece la dimensión filosófica. La justicia no solamente pregunta quién puede ser castigado, sino también qué ocurrió realmente. Legalidad y verdad no son idénticas. Una persona puede resultar jurídicamente no condenada y, al mismo tiempo, permanecer rodeada de controversias históricas y políticas.
Del mismo modo, una sociedad democrática no puede convertir esas controversias en condenas sin sentencia. El fallo debe respetarse. Pero también debe estudiarse. Porque la justicia que no puede demostrar sus decisiones pierde autoridad; y la sociedad que convierte cada sentencia en victoria o derrota política pierde algo todavía más importante: la capacidad de distinguir entre justicia, venganza y verdad.
