Por Alan Feuer, Maria Abi-Habib, Zolan Kanno-Youngs, Annie Correal, William K. Rashbaum y Devlin Barrett/The New York Times
Incluso entre las brutales filas de la pandilla MS-13, Vladimir Arévalo Chávez destaca como un gestor de asesinatos altamente efectivo, afirman los fiscales.
Conocido como el Vampiro, ha sido acusado de supervisar los asesinatos de migrantes en México, rivales en El Salvador y sus propios compatriotas en EU.
Su arresto en febrero del 2023 fue un gran triunfo para los investigadores estadounidenses, quienes apenas unos meses antes lo habían acusado a él y a otros 12 líderes de pandillas de terrorismo, derramamiento de sangre y corrupción en una acusación federal de amplio alcance en Long Island, a las afueras de la ciudad de Nueva York.
Pero este abril, los fiscales que presentaron esos cargos repentina y discretamente solicitaron a un juez federal que los retirara. Argumentando “preocupaciones de seguridad nacional”, afirmaron que necesitaban regresar a Arévalo a El Salvador, su país de origen.
El sorprendente cambio de postura se produjo poco después de un acuerdo forjado por la Administración Trump con Nayib Bukele, Presidente de El Salvador, quien aceptó recibir a más de 200 migrantes expulsados de Estados Unidos en una prisión construida para terroristas.
Estados Unidos pagó millones de dólares a El Salvador para que ayudara al Presidente Donald J. Trump a implementar su programa de deportación y, a petición de Bukele, accedió a devolver a líderes clave de la MS-13 que se encontraban bajo custodia estadounidense.
Funcionarios de ambos países han afirmado que los líderes pandilleros enfrentarán la justicia. Pero había otra razón para que Bukele los quisiera de vuelta: fiscales estadounidenses han recopilado pruebas de un pacto corrupto entre el Gobierno salvadoreño y líderes de alto rango de la MS-13, quienes, afirman, acordaron reducir la violencia y apoyar políticamente a Bukele a cambio de dinero y beneficios en prisión, arroja una investigación de The New York Times.
El acuerdo con El Salvador proclamado por Trump como una ofensiva contra la delincuencia en realidad está socavando una larga investigación estadounidense sobre la pandilla, dijeron múltiples personas. Dos importantes casos contra algunos de los líderes de la pandilla podrían verse gravemente perjudicados, señalaron.
Durante su primer mandato, Trump creó un grupo de fiscales e investigadores que presentaron casos exhaustivos contra los líderes de la pandilla. Algunos de quienes participaron en ese esfuerzo ahora están alarmados por el acuerdo con Bukele y les preocupa que quiera el regreso de los líderes de la pandilla para evitar que revelen información perjudicial sobre su gobierno.
La investigación del Times halló que funcionarios estadounidenses han tenido fuertes indicios durante años de la preocupante relación entre el Gobierno de Bukele, la MS-13 y sus líderes —y que habían comenzado a investigar al propio Bukele. Las conclusiones se basan en documentos gubernamentales y entrevistas con más de 30 personas.
Los investigadores estadounidenses también examinaban si parte de la ayuda estadounidense proporcionada a El Salvador se estaba canalizando a la MS-13.
‘Era corrupto’
Los investigadores federales habían comenzado a investigar las actividades de Bukele, solicitando revisar sus registros bancarios para examinar un posible uso indebido de fondos estadounidenses, dijo Christopher Musto, miembro del cuerpo especial en ese entonces. Aunque apoya ampliamente la deportación de pandilleros por parte de Trump, Musto dijo que fue impactante verlo recibir a Bukele en la Casa Blanca para celebrar el acuerdo.
“Era corrupto”, dijo Musto respecto al Presidente salvadoreño. “Y ahora está sentado junto al Presidente en la Oficina Oval, y tiene acceso privilegiado al líder del mundo libre”.
Bukele ha negado que hubiera un pacto entre su Gobierno y los líderes de las pandillas.
Un portavoz del Departamento de Justicia de EU afirmó que la agencia estaba “enfocada en hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro”.
Un vocero de la fiscalía federal del Distrito Este de Nueva York, que presentó los casos contra los líderes de la MS-13, se negó a hacer comentarios.
No está claro cuántos líderes de la MS-13 ha regresado la Administración Trump a El Salvador. Al menos uno, César López Larios, fue subido a un avión con destino a El Salvador en marzo junto con otros migrantes. López llevaba menos de un año bajo custodia estadounidense y aguardaba juicio por cargos de narcotráfico.
Los abogados de Arévalo, quien permanece bajo custodia federal tras declararse inocente, quieren evitar que corra una suerte similar. Recientemente argumentaron ante el tribunal que la Administración Trump había llegado a “un acuerdo corrupto” para repatriar a los acusados del caso “para que la Administración Bukele los silenciara”.
‘Actos atroces’
El repentino cambio de postura del Gobierno preocupa a Richard Loeschner, ex director de la escuela secundaria Brentwood Ross en Long Island, donde dos estudiantes fueron asesinados por miembros de la MS-13 en el 2017.
“Esos fueron actos atroces, y solo espero, Dios mío, que los hombres detrás de ello, los autores intelectuales, cumplan condena —donde sea”, dijo Loeschner. “Me disgustaría mucho que retiraran todos los cargos aquí, los enviaran de regreso a El Salvador y simplemente los liberaran.
“Eso sería devastador”, añadió.
La violencia cometida por la MS-13 en Long Island llamó la atención de Trump durante su primer mandato. En julio del 2017, llamó a los miembros de la pandilla “animales” durante un discurso.
En agosto del 2019, su fiscal general, William P. Barr, creó una unidad contra la MS-13, el Cuerpo Especial Conjunto Vulcan, encargado de ir tras no sólo los miembros de la pandilla en Estados Unidos, sino también sus principales líderes en el extranjero.
El hombre seleccionado para supervisar Vulcan fue John J. Durham. Fue puesto a cargo de un equipo que contó con los recursos del FBI, la Administración de Control de Drogas (DEA), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y al menos 10 fiscalías federales en todo el País, en zonas de alta actividad de la MS-13.
Para el año siguiente, el equipo había recibido una pista importante.
El pacto
En agosto del 2020, un invitado inusual con un secreto sorprendente visitó la Embajada de Estados Unidos en San Salvador. Se llamaba Osiris Luna Meza y era un alto asesor de Bukele que dirigía el sistema penitenciario.
Aunque Bukele ha negado durante mucho tiempo tener vínculos corruptos con las pandillas de su País, Luna declaró a diplomáticos estadounidenses que ese pacto existía entre el Gobierno salvadoreño y la MS-13, de acuerdo con un cable del Departamento de Estado de EU del 10 de septiembre del 2020.
Confesando su “incomodidad por las interacciones del Gobierno” con la pandilla, decía el cable, Luna mostró a funcionarios de la embajada una captura de pantalla de una cámara de seguridad donde se veía a hombres enmascarados entrando a una de las cárceles que supervisaba.
Uno de los hombres, afirmó, era un alto líder de la MS-13 buscado por las autoridades salvadoreñas. Luna dijo que lo había llevado a las instalaciones para reunirse con sus colegas encarcelados, aunque negó saber de qué hablaron.
Los funcionarios de la embajada, decía el cable, creían que Luna, quien tenía fama de corrupto, probablemente estaba minimizando su propia participación. Los funcionarios también se mostraban escépticos porque había presentado una solicitud importante: asilo, con lujos, en Estados Unidos. Aun así, gran parte de lo que dijo Luna llegó a oídos de Durham.
En cuestión de meses, Vulcan emitió su primera acusación formal significativa contra los altos mandos de la MS-13. En diciembre del 2020, la fiscalía acusó a 14 hombres, incluyendo a 10 que formaban parte del grupo fundador de la pandilla.
En diciembre del 2021, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a Luna y a otro alto funcionario salvadoreño, Carlos Marroquín Chica, tras descubrir que los hombres no sólo habían facilitado reuniones en prisión con miembros de la MS-13, sino que también habían participado en ellas. Esas reuniones, decía el reporte del Tesoro, eran parte de los esfuerzos del Gobierno de Bukele por negociar una tregua secreta con los líderes de la pandilla.
Los líderes de la MS-13 acordaron brindar su apoyo político al partido Nuevas Ideas de Bukele, que terminó obteniendo una mayoría calificada de dos tercios en las elecciones legislativas del 2021. Cumpliendo con su parte del trato, dijeron funcionarios estadounidenses, el Gobierno de Bukele proporcionó dinero a los pandilleros y, a quienes se encontraban detenidos, teléfonos celulares y prostitutas.
A principios del 2023, Durham inició una nueva fase en la campaña por desmantelar la MS-13.
Ese febrero, el cuerpo especial anunció el arresto de tres líderes pandilleros, incluyendo a Arévalo, quien fue capturado en México y luego enviado a Estados Unidos. Los arrestos se basaron en una segunda acusación formal, que imputaba a Arévalo y a otros 12 miembros de alto rango de la MS-13 diversos delitos de narcotráfico.
Disolución
La disolución de parte del trabajo de Vulcan comenzó semanas después de iniciado el segundo mandato de Trump. Para febrero, Estados Unidos había forjado un acuerdo con El Salvador, y Bukele quería recuperar a sus líderes de pandillas.
El 11 de marzo, Durham escribió a la jueza Joan M. Azrack, encargada de las acusaciones contra la MS-13, indicando que Estados Unidos quería desestimar todos los cargos contra López.
La carta, archivada bajo sello, afirmaba que el equipo de Vulcan creía que las pruebas del caso eran “sólidas”. Pero la nueva Administración tenía “consideraciones importantes de política exterior” y “preocupaciones de seguridad nacional” que exigían el sobreseimiento del caso y el regreso de López a El Salvador, escribió Durham.
La solicitud fue concedida y, cuatro días después, López fue trasladado de regreso.
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