Por Abdi Latif Dahir y Justin Scheck / The New York Times
NAIROBI, Kenia — En un día cualquiera, docenas, si no es que cientos, de mujeres se hallan en la zona de salidas del aeropuerto internacional de Nairobi. Se apiñan para hacerse selfies con camisetas iguales, hablando de cómo gastarán el dinero de sus nuevos trabajos en Arabia Saudita.
Atraídas por reclutadores de empresas y animadas por el Gobierno de Kenia, las mujeres tienen motivos para sentirse optimistas. Pasa dos años en Arabia Saudita como empleada doméstica o niñera, dice el anuncio, y puedes ganar lo suficiente para construir una casa, educar a tus hijos y ahorrar para el futuro.
Pero en la zona de llegadas, la esperanza se topa con la cruda realidad. Mujeres regresan con las mejillas hundidas, a menudo agobiadas por salarios adeudados, palizas, hambre y agresiones sexuales. Algunas están en la quiebra. Otras están en ataúdes.
Al menos 274 trabajadores kenianos, en su mayoría mujeres, han muerto en Arabia Saudita en los últimos 5 años. Al menos 55 trabajadores kenianos murieron el año pasado, el doble que el año anterior. Un número incalculable de ugandeses también ha muerto, pero su Gobierno no publica datos.
Los reportes de autopsias son vagos y contradictorios. Describen a mujeres con evidencia de trauma, incluyendo quemaduras y descargas eléctricas, todas catalogadas como muertes naturales.
Hay personas que presuntamente deben proteger a estas mujeres —funcionarios gubernamentales como Fabian Kyule Muli, vicepresidente del comité laboral en la Asamblea Nacional de Kenia. Pero Muli, al igual que otros funcionarios de África Oriental, también es propietario de una empresa de empleo que envía a mujeres a Arabia Saudita.
Una de ellas, Margaret Mutheu Mueni, afirmó que su jefe saudita le había confiscado el pasaporte, había declarado que la había “comprado” y con frecuencia no le daba de comer. Cuando llamó a la agencia de empleo para pedir ayuda, un representante de la empresa le dijo, “Puedes cruzar el Mar Rojo a nado y regresar a Kenia”.
Una investigación de The New York Times descubrió que en Kenia, Uganda y Arabia Saudita, personas poderosas tienen incentivos para mantener el flujo de trabajadoras, a pesar de los abusos generalizados. Miembros de la familia real saudita son importantes inversionistas en agencias que colocan a trabajadoras domésticas. Políticos y sus familiares en Uganda y Kenia también son propietarios de agencias de empleo.
La línea entre sus funciones públicas y privadas a veces se borra. El comité laboral de Muli, por ejemplo, se ha convertido en una voz prominente que anima a las trabajadoras a ir al extranjero. En ocasiones, el comité ha rechazado pruebas de abuso.
En febrero, cuatro mujeres ugandesas en uniformes de empleada doméstica enviaron un video de súplica a un grupo de ayuda humanitaria, afirmando que llevaban seis meses detenidas en Arabia Saudita. “Estamos agotadas por estar retenidas contra nuestra voluntad”, declaró una de ellas en el video. La empresa que la envió al extranjero es propiedad de Sedrack Nzaire, funcionario del partido gobernante de Uganda, identificado en los medios ugandeses como hermano del Presidente Yoweri Museveni.
Kenia y Uganda se encuentran sumidas en un profundo bache económico de años, y las remesas de los trabajadores extranjeros son una fuente importante de ingresos. La Comisión de Justicia Administrativa de Kenia declaró en el 2022 que las iniciativas de protección laboral se habían visto obstaculizadas por la “interferencia de políticos que utilizan apoderados para operar las agencias”.
Sin inmutarse, el Presidente keniano William Ruto afirma que quiere enviar hasta medio millón de trabajadores a Arabia Saudí en los próximos años. Uno de sus principales asesores, Moses Kuria, fue propietario de una agencia de empleo.
Hussein Mohamed, un vocero de Ruto, dijo que la migración laboral beneficiaba la economía. Añadió que el Gobierno estaba tomando medidas para proteger a las trabajadoras.
Las agencias pintan un panorama de trabajo color de rosa en Arabia Saudita. Pero cuando las cosas salen mal, dicen las familias, las trabajadoras a menudo se ven abandonadas a su suerte.
Una joven madre saltó desde un tercer piso para escapar de un patrón abusivo, fracturándose la espalda. Otra dijo que su jefe la violó y luego la envió a casa embarazada y sin dinero.
Eunice Achieng, una empleada doméstica keniana, llamó a casa presa del pánico en el 2022, diciendo que su jefe la había amenazado con matarla y arrojarla a un tanque de agua. “Gritaba: ‘¡Por favor, ven a salvarme!’”, recordó su madre. Achieng pronto apareció muerta en un tanque de agua en la azotea, dijo su madre. Las autoridades de salud sauditas afirmaron que su cuerpo estaba demasiado descompuesto como para determinar cómo murió. La policía saudita lo calificó de “muerte natural”.
Aproximadamente medio millón de trabajadores kenianos y ugandeses se encuentran hoy en Arabia Saudita, afirma el Gobierno saudita. La mayoría son mujeres que cocinan, limpian o cuidan niños. Los periodistas y grupos de derechos humanos que desde hace tiempo han denunciado el abuso laboral en el reino, a menudo han atribuido su persistencia a las arcaicas leyes laborales saudíes.
Mike Goldstein, portavoz del Ministerio de Recursos Humanos de Arabia Saudita, afirmó que el Gobierno había aumentado las multas por abuso y facilitado la renuncia de trabajadoras. Añadió que el Gobierno ahora exige a los patrones paguen a sus empleadas domésticas vía un sistema en línea y algún día rastreará a quienes violen repetidamente las leyes laborales.
Sin embargo, Milton Turyasiima, comisionado adjunto del Ministerio de Género, Trabajo y Desarrollo Social de Uganda, afirmó que el abuso seguía siendo generalizado.
En el 2021, un comité del Senado keniano detectó un “aumento de las llamadas de auxilio de quienes denuncian tortura y maltrato” en Arabia Saudita. El comité recomendó suspender los traslados de trabajadores.
Sin embargo, cuando Ruto fue electo Presidente en el 2022, se intensificó la campaña para enviar trabajadores al extranjero. Ahora, varias veces al mes, kenianos rurales se dirigen a Nairobi para recoger un ataúd en el aeropuerto.
Cientos de personas se congregaron en septiembre en una escuela rural del suroeste de Kenia. Rindieron homenaje a Millicent Moraa Obwocha, quien había dejado atrás a su esposo y a su hijo pequeño meses antes.
Su patrón la acosó y agredió sexualmente, dijo su esposo, Obuya Simon Areba. La situación empeoró tanto el verano pasado, afirmó, que ella le pidió a su reclutador saudita que la rescatara.
Unos días después, su esposo recibió la llamada informándole que había fallecido. Tenía 24 años. El Gobierno keniano atribuyó su muerte a “problemas nerviosos”. Su patrón, Abdullah Omar Abdul al-Rahman Hailan, afirmó que lo dicho por Areba era “engañoso e incorrecto”.
En el funeral había una fotografía de casi 2 metros de altura. En ella, Obwocha sonríe con los dedos en V. Está afuera del aeropuerto, rebosante de optimismo.
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