Por Miriam Jordan/The New York Times
SAN JOSÉ, California — Es del tamaño de una tarjeta de crédito, está disponible en 19 idiomas y lo portan millones de inmigrantes en Estados Unidos. La tarjeta roja, como se la conoce, enumera consejos prácticos y derechos legales para los inmigrantes que podrían ser blanco de agentes federales.
Aunque la tarjeta existe desde hace casi 20 años, el interés en ella se ha disparado en medio de una ola de edictos antiinmigrantes del Presidente Donald J. Trump desde que regresó a la Casa Blanca. El Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, una organización sin fines de lucro, ha recibido pedidos de todo Estados Unidos por varios millones de tarjetas, una demanda que su contratista de impresión se ha apresurado a cumplir.
Eliseo, un instalador de alfombras en California, lleva una en su cartera y otra en la guantera de su camioneta. Su esposa, María, guarda la suya en una funda en la parte posterior de su teléfono celular.
“Les muestras la tarjeta a los agentes”, dijo Eliseo, que tiene décadas de estar en Estados Unidos y es padre de tres hijos. “La que habla es ella”.
Al igual que otros inmigrantes indocumentados entrevistados para este artículo, habló con la condición de ser identificado sólo por su primer nombre.
Todas las personas en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio, tienen garantizadas ciertas protecciones bajo la Constitución de EU. La tarjeta destaca algunos que son relevantes para los inmigrantes indocumentados, incluyendo el derecho de la Quinta Enmienda a permanecer en silencio y el derecho de la Cuarta Enmienda a negar la entrada a la casa a menos que un agente tenga una orden judicial.
Pero por muy fundamentales que sean esos derechos, han creado fricciones en la lucha sobre cómo el País debería abordar la inmigración ilegal y cómo las autoridades deberían tratar a los millones de indocumentados en EU.
Para muchos de esos inmigrantes, hacer valer los derechos descritos en la tarjeta roja podría marcar la diferencia entre ser deportados y permanecer en el País. Para las agencias federales que intentan cumplir la promesa del Presidente de llevar a cabo deportaciones masivas, esos mismos derechos son un obstáculo.
“Lo llaman ‘Conozca sus derechos’”, dijo Thomas D. Homan, el zar fronterizo del Presidente, en CNN en enero. “Yo lo llamo ‘Cómo escapar del arresto’”.
Homan y otros han culpado a los funcionarios locales, los grupos de derechos de los inmigrantes y los medios de comunicación por obstaculizar los esfuerzos de aplicación de la ley.
Aunque las acciones de deportación han conducido a menos arrestos de los prometidos, han sembrado temor generalizado. Organizaciones han estado celebrando sesiones de “conozca sus derechos”. Desde las elecciones, el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes de San Francisco ha recibido pedidos por alrededor de 9 millones de tarjetas, más que en los 17 años anteriores juntos. La mayoría de los pedidos provienen de organizaciones sin fines de lucro que los entregan a escuelas, iglesias, clínicas y bancos de alimentos, que luego los distribuyen a los inmigrantes.
Hace poco, la imprenta contratada para hacer las tarjetas estaba produciendo cientos de miles. “Todo nuestro personal está trabajando en las tarjetas rojas”, dijo Troy Jones, propietario de Printed Union, en San José.
Un día reciente, antes del amanecer en California, un trabajador de campo llamado Felipe llevaba a tres compañeros de trabajo a cosechar lechuga.
Cuando los agentes les marcaron el alto, Felipe, un inmigrante de 49 años y padre de tres hijos nacidos en EU, tomó la tarjeta de su tablero. El agente la escudriñó y pareció molestarse, dijo Felipe.
Otro agente presionó a los hombres a que divulgaran su estatus legal. Felipe sólo mostró su licencia de manejo.
“¿Qué quieres de nosotros?”, recordó haber dicho. “No somos criminales. Tenemos derechos”.
Pronto habían reanudado su camino al trabajo.
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