Por Emma Bubola/The New York Times
CARIQUIMA, Chile — En las mesetas de los Andes chilenos, las casas de adobe de los campesinos indígenas ahora tenían altas rejas de aluminio y protectores de hierro soldadas a las ventanas.
“Vivo con miedo”, dijo Erika Moscoso, de 57 años, una panadera nacida en el pequeño pueblo de Cariquima, quien recientemente instaló por primera vez cerraduras en sus puertas para protegerse de los delincuentes. “Nunca habíamos tenido esto antes”.
En toda Latinoamérica, el crimen organizado se ha disparado en la última década, y la violencia se ha apoderado de países otrora pacíficos como Chile, Costa Rica y Ecuador. Encuestas muestran que en al menos ocho países, incluyendo Chile, la seguridad es la principal preocupación de los electores, llevando a muchos latinoamericanos a exigir medidas de mano de hierro. Las preocupaciones de seguridad también contribuyeron a impulsar a Chile hacia la derecha en las elecciones presidenciales del 14 de diciembre, ganadas por José Antonio Kast.
Nayib Bukele, Presidente de El Salvador, ha tomado medidas enérgicas contra los derechos civiles para reducir drásticamente la tasa de delincuencia de su País. Algunos líderes, como el Presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, han buscado emular las duras medidas de seguridad de Bukele.
En noviembre, Kast se reunió con el Ministro de Seguridad de Bukele.
Chile sigue siendo uno de los países más seguros en Latinoamérica, y algunos cuestionan la gravedad de una crisis que es una interacción entre la realidad, la política y la percepción pública. Sin embargo, pocos disputan que la delincuencia ha traumatizado a los chilenos. Los homicidios alcanzaron un récord de mil 322 en el 2022 en el País, muestran cifras gubernamentales, y aunque esa cifra se redujo a mil 207 en el 2024, sigue siendo 43 por ciento más alta que en el 2018. Menos del 40 por ciento de los chilenos se siente seguro caminando de noche, arroja una encuesta de Gallup.
Al inicio de la pandemia en el 2020, decenas de miles de migrantes, en su mayoría venezolanos, emprendieron una travesía por el desierto de Atacama hacia Iquique, una ciudad portuaria a unos mil 450 kilómetros al norte de Santiago, la capital. Las autoridades locales se vieron rebasadas por lo que describieron como una crisis humanitaria y de salud.
Aunque las personas que han cometido delitos son una pequeña fracción de los cientos de miles de venezolanos que han llegado a Chile, fiscales, autoridades y expertos afirman que la afluencia también ha incluido pandillas, como el Tren de Aragua.
Renzo Trisotti, legislador de Iquique y miembro del partido de Kast, afirmó que el aumento en la migración y la delincuencia ha creado un “efecto xenófobo muy peligroso” en la Ciudad.
En Iquique, los reportes policiales comenzaron a documentar un tipo de violencia nunca antes visto en Chile. “Personas atadas con una bala en la cabeza, quemadas dentro de un auto, asesinadas e incendiadas”, dijo Mauricio Soria Macchiavello, Alcalde de la Ciudad.
Aun así, en muchos sentidos, la situación en Iquique ha mejorado. El Gobierno desplegó al Ejército en la frontera boliviana en el 2023, y el número de migrantes que las autoridades dicen interceptar ha disminuido de cientos por día a unas cuantas docenas. El número de asesinatos ha disminuido significativamente desde que Gabriel Boric, el Presidente izquierdista de Chile, creó equipos especiales contra el crimen organizado y homicidios, y los líderes de los cárteles fueron procesados y condenados.
Kast, de 59 años, ha prometido cambiar la legislación chilena para tipificar como delito entrar al País sin autorización. También se ha comprometido a construir una barrera “física” a lo largo de las fronteras chilenas y ha advertido a los migrantes ilegales que se autodeporten o enfrenten la deportación. Sus advertencias han impulsado a algunos migrantes a cruzar a Perú, llevando al Presidente peruano José Jeri a declarar un estado de emergencia en la frontera.
Al igual que en otros países de la región, la delincuencia se ha disparado en Perú en los últimos años, en particular la extorsión. Muchos peruanos están a favor de aplicar mano dura a los criminales, arrojó una encuesta este año, incluso si eso corre el riesgo de atrapar a gente inocente.
En Chile, incluso algunos electores que rechazan las posturas conservadoras de Kast contra el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo, afirmaron que estarían dispuestos a sacrificar esos derechos por una mayor seguridad.
“No me gusta que quiera dar marcha atrás a los avances logrados”, dijo Mirna Matcovich, de 68 años, contadora jubilada de Iquique. “Pero necesitamos que restablezca el orden”.
John Bartlett, Genevieve Glatsky, Mitra Taj, Emiliano Rodríguez Mega y José María León Cabrera contribuyeron con reportes a este artículo.
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