La Paz, Bolivia.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia anuló este miércoles la sentencia de diez años de prisión contra la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) y ordenó su "inmediata liberación" por el proceso conocido como 'golpe de Estado II', relacionado con la crisis política de 2019.
"Se ha dispuesto la nulidad que ella tenía, la sentencia ejecutoriada de diez años y en consecuencia se dispone la libertad en el día, a través del juez de ejecución penal que está en La Paz", informó el presidente del TSJ, Romer Saucedo.
Explicó que durante la revisión de la sentencia "se ha visto que hubo vulneraciones al ordenamiento legal vigente, esas vulneraciones han afectado el debido proceso, y también los derechos que ella goza".
"Se ha corregido todo eso y por eso se ha determinado la nulidad de la sentencia", añadió Saucedo.
La defensa de Áñez, detenida en marzo de 2021 y que ha pasado cuatro años y ocho meses en prisión, presentó un recurso de revisión extraordinaria de sentencia para anular el fallo emitido en diciembre de 2023, al argumentar que debía ser procesada mediante un juicio de responsabilidades por su condición de expresidenta y no por la vía ordinaria.
Áñez fue condenada por situarse ilegalmente en la línea de sucesión constitucional cuando era segunda vicepresidenta del Senado, tras la renuncia de Evo Morales (2006-2019) a la Presidencia en noviembre de 2019 y de todo su gabinete.
En ese momento, Morales denunció ser víctima de un "golpe de Estado", tras varios días de protestas sociales en el país entre denuncias de fraude electoral a su favor en los fallidos comicios de 2019.
En agosto pasado, dos tribunales departamentales también anularon los juicios ordinarios contra Áñez por la muerte de varios civiles durante su gestión interina, en los casos conocidos como 'Senkata' y 'Sacaba', que fueron trasladados al Legislativo para ser abordados en un juicio de responsabilidades.
Un juicio de responsabilidades debe conocerlo el Legislativo de Bolivia, ente que primero debe aprobarlo y luego trasladarlo al TSJ para que este juzgue el caso para emitir una sentencia.
La legislación boliviana reserva el juicio de responsabilidades a altos miembros del Estado como presidentes, vicepresidentes y magistrados de los altos tribunales.
