Tegucigalpa, Honduras.- La comparecencia del presidente Donald J. Trump a las 11:00 de la mañana, desde Mar-a-Lago, colocó a Venezuela en un punto de inflexión: el mandatario estadounidense aseguró que la operación “Resolución Absoluta” culminó con la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, y describió un control transitorio para una transición.
En entrevista exclusiva, desde Washington D.C., Robert Carmona-Borjas —abogado, profesor universitario y CEO y cofundador de Arcadia Foundation— argumenta que este momento no se mide por titulares grandilocuentes, sino por la ruptura de un ciclo: el de la impunidad sostenida por la inercia de los mecanismos internacionales. Esta es la entrevista completa.
Profesor Carmona-Borjas, ¿cómo describiría el impacto inmediato de esta noticia en Venezuela y en la diáspora?
Es un impacto de ruptura, no de matiz. Lo que se siente hoy —y esto ya se reflejó en celebraciones espontáneas de venezolanos en ciudades de América y Europa— no es solo alivio: es la súbita percepción de que el poder dejó de ser un muro y pasó a ser un hecho discutible, removible, perseguible. La diáspora venezolana, una de las mayores crisis migratorias del hemisferio en tiempos contemporáneos, ha cargado durante años el duelo de haber salido sin despedirse del país; cuando una sociedad expulsa a millones, no exporta mano de obra: exporta biografías rotas.
Y, en ese largo deterioro, también hubo silencios que pesaron. No me refiero solo a la inercia de organismos internacionales, sino a la comodidad política de ciertos gobiernos paradictatoriales de la región que prefirieron el cálculo antes que la condena inequívoca de la represión.
Honduras es un ejemplo ilustrativo, porque bajo la presidencia de "Mel" Zelaya se alineó con Petrocaribe y luego con ALBA en la órbita chavista, en un contexto de acuerdos energéticos y promesas de cooperación que incluyeron incluso donaciones emblemáticas como el envío de cien tractores anunciados públicamente por Hugo Chávez que terminaron en las haciendas de los acólitos del zelayismo.
Ya bajo el gobierno de Xiomara Castro, esa inclinación volvió a hacerse visible cuando la propia presidente expresó solidaridad con Nicolás Maduro y rechazó acusaciones formuladas desde Estados Unidos, amparándose en el principio de la supuesta autodeterminación.
Lo que cambia hoy, en consecuencia, no es solamente el ánimo: cambia el horizonte moral. Durante años, la tragedia venezolana fue “administrada” con lenguaje técnico, mientras los informes documentaban patrones cada vez más graves. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU y otros mecanismos han producido un acervo robusto sobre estructuras y prácticas represivas del Estado venezolano, y la OEA ha descrito una arquitectura de represión que incluye detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y instrumentalización judicial.
A la par, la Corte Penal Internacional osciló entre avances y gestos de cooperación institucional con el propio régimen —incluyendo el establecimiento de una oficina del Fiscal en Caracas orientada a “asistencia técnica” y “cooperación”—, un enfoque que, para la gran mayoría de las víctimas venezolanas, se sintió como tiempo regalado a quien no merecía más tiempo.
Por eso insisto: no hablo de euforia superficial, hablo de ese instante en que una sociedad percibe que el miedo dejó de ser ley natural. Para la diáspora, además, hay un componente íntimo y devastador: la esperanza vuelve a ser una palabra utilizable, no un lujo sentimental.
¿Qué es lo que viene ahora para Venezuela, concretamente, después de lo dicho por el presidente Trump esta mañana?
Viene un esquema de control transitorio anunciado como tal por el propio presidente de Estados Unidos. Él no habló de un “vacío” a disputar; habló de administración directa hasta encarrilar una transición. Y, cuando se le preguntó quién conduciría esa administración, señaló —con nombres y con presencia física detrás de él— a su núcleo de seguridad y política exterior.
En otras palabras: lo inmediato, según esa rueda de prensa, no es una guerra interna por el mando, sino un periodo de tutela ejecutiva estadounidense. El verdadero desafío será que esa tutela no se prolongue por inercia y que se convierta, con calendario verificable, en restitución de soberanía democrática: autoridad electoral creíble, garantías para la alternancia, reinstitucionalización judicial y desarme efectivo de los aparatos de coacción.
¿Cuál es el riesgo mayor de ese periodo transitorio?
El riesgo no es la “disputa por el Estado”, sino la tentación de administrar la victoria como si bastara con cambiar una cúpula para recomponer un país. Venezuela no es solo un Palacio, es un tejido institucional devastado y penetrado por economías criminales. Si no se actúa con precisión, el país puede quedar suspendido entre mando militar y administración política, y esa ambigüedad es combustible para sabotajes, saqueo, ajustes de cuentas y fracturas territoriales.
La transición tiene que ser quirúrgica: asegurar puertos, aeropuertos, telecomunicaciones críticas, depósitos de armas, cadenas de mando en cuerpos armados, y abrir de inmediato un canal humanitario que le hable a la población civil con hechos, no con propaganda.
¿Qué le queda al círculo íntimo de Maduro?
Le queda sobrevivir. Y cuando una élite solo piensa en sobrevivir, se vuelve menos ideológica y más negociadora, pero también más peligrosa. Habrá quienes intenten vender información y garantías a cambio de protección, habrá quienes traten de incendiar el país para elevar su precio de salida y habrá quienes busquen mimetizarse, presentándose como “imprescindibles” para la estabilidad.
Ese círculo íntimo ha operado como una arquitectura de complicidades. Al caer el vértice, el resto se reordena por instinto: fuga, pacto o confrontación. La transición inteligente no se hace con romanticismo, se hace separando responsabilidades, preservando evidencia, estableciendo incentivos condicionados, y cerrando rutas de impunidad sin empujar a todos a atrincherarse.
¿Qué le depara a Maduro, si se confirma lo anunciado?
Si el desenlace es el que el presidente Trump describió, el escenario se traslada al terreno del debido proceso en Estados Unidos. Allí lo que manda no es la épica, sino la jurisdicción: imputaciones, comparecencias, evidencia, defensa, sentencia. Y eso importa porque introduce una diferencia civilizatoria: un régimen que gobernó por la arbitrariedad termina sometido a reglas que no controla. Para las víctimas, esto tiene un valor simbólico y práctico, que es la idea de que el poder criminal no es un destino, sino una responsabilidad exigible ante tribunales.
¿Cómo encaja esto con su crítica sostenida a la Corte Penal Internacional y a los mecanismos internacionales de protección?
Encaja como un contraste doloroso. Venezuela vivió demasiado tiempo bajo el espectáculo de la indignación internacional sin consecuencias proporcionales. Hubo informes, misiones, pronunciamientos, y una paciencia institucional que en la práctica funcionó como oxígeno para el régimen. La justicia internacional, tal como se aplicó en este caso, mostró una lentitud selectiva: mucha retórica, poca eficacia, y una tolerancia que habría sido inconcebible si el Estado en cuestión hubiese conservado un sistema judicial genuinamente independiente.
Cuando un aparato judicial está cooptado y convertido en herramienta de persecución, hablar de “complementariedad” como excusa para postergar es, en el mejor de los casos, ingenuidad, y, en el peor, una forma de encubrir la inacción bajo vocabulario técnico. Hoy, lo que anuncia Washington es que esa inercia dejó de ser aceptable.
En Honduras y en América Latina, ¿qué reacción espera de la izquierda política y de los gobiernos afines al chavismo?
Habrá un reflejo inmediato, casi instintivo: el libreto de la “soberanía vulnerada”, la acusación mecánica de “intervencionismo”, la indignación prefabricada. Es un repertorio conocido, porque ha servido durante años para desplazar el centro del debate: no se discuten víctimas, ni represión, ni crimen de Estado, se discute una consigna.
Pero ese recurso pierde fuerza cuando el hecho ya no es una disputa retórica, sino un expediente judicial abierto por la autoridad que anuncia la detención y encuadra lo ocurrido dentro de un curso de acción que, según lo informado hoy, ya está en marcha y no depende de la fantasía de un enemigo externo, sino de decisiones, custodia y procedimiento.
En paralelo habrá cálculo y del más frío. Muchos actores regionales que coquetearon con el chavismo por conveniencia —o que se beneficiaron del silencio— tratarán de moverse con rapidez para no quedar atados a un modelo que dejó de ser “intocable” y pasó a ser objeto de responsabilidad penal.
Una parte intentará revivir el mito con victimismo; otra parte buscará reacomodarse, porque entiende que la estabilidad futura exige hablar el lenguaje del derecho y no el de la propaganda.
En fin, la izquierda democrática —la que todavía cree en alternancia, libertades y control institucional— queda ante una definición moral ineludible: o se distancia con claridad del autoritarismo y de su maquinaria criminal, o vuelve a ser cómplice por omisión, refugiándose en fórmulas que ya no explican nada.
Usted insiste en que esto “no fue una invasión”. ¿Por qué?
Porque esa palabra se ha convertido en un amuleto propagandístico: se agita para desviar la mirada de lo esencial. Venezuela llevaba más de dos décadas con la soberanía perforada desde adentro, con el territorio y el aparato estatal penetrados por estructuras de inteligencia y seguridad extranjeras, por operadores rusos e iraníes, por redes vinculadas a Hezbolá y otras organizaciones criminales, y por un tutelaje cubano indeseable que no era simbólico, sino operativo.
En ese escenario, el país no estaba “a salvo” esperando una invasión; estaba, en los hechos, sometido a una ocupación funcional al servicio de la preservación del régimen y de su economía ilícita.
Lo que ocurrió hoy —en los términos anunciados por Washington— no se presenta como una campaña de conquista ni como una anexión, sino como una acción de captura y control transitorio orientada a desmontar el secuestro institucional y a abrir una ruta de transición.
Habrá debate jurídico, por supuesto, y no lo eludo, pero moralmente es insostenible llamar “invasión” a lo que busca retirar al país de manos de un poder que lo convirtió en plataforma de crimen transnacional, mientras se guarda silencio ante la verdadera invasión: la que ya estaba instalada, mandando, y usando el Estado venezolano como guarida.
Más allá de Maduro, ¿qué espera usted que ocurra con el círculo de poder que lo sostuvo durante años: sus principales cuadros civiles y militares?
En horas como estas, el ruido informativo compite con la ansiedad colectiva. Lo responsable es distinguir entre lo que ya fue presentado oficialmente —custodia de Maduro, conducción operativa de la fase inmediata y un esquema de control transitorio— y lo que, por ahora, son versiones en circulación.
Sobre los demás cuadros del régimen, lo más probable es un reordenamiento acelerado: algunos intentarán negociar garantías personales; otros buscarán ocultarse o salir del país; y un tercer grupo tratará de producir hechos de fuerza para encarecer su salida o sabotear el día después.
En ese contexto, circulan nombres inevitables. En Arcadia tenemos información de que Diosdado Cabello habría sido neutralizado en el curso de la operación; no lo afirmo como hecho cerrado porque, en un momento como este, la credibilidad es un activo estratégico y no se puede dilapidar. Si se confirma, sería un dato de enorme impacto, porque figuras de esa naturaleza no solo representan un liderazgo político, sino un sistema de intimidación y de control criminal difícilmente compatible con una transición ordenada.
Pero el punto central es otro: cualquier afirmación sobre el destino de esos cuadros debe sostenerse en evidencia verificable, cadena de custodia y comunicaciones oficiales claras. La transición no puede edificarse sobre rumores. Lo que está en juego no es un titular: es la legitimidad del día después y la posibilidad de que Venezuela deje atrás, sin reciclajes, la estructura que la convirtió en un Estado secuestrado.
Usted ha dicho que Arcadia ya había planteado al Departamento de Estado un escenario de salida. ¿A qué se refiere exactamente?
A una propuesta concreta, no a un ejercicio teórico. Arcadia estructuró un escenario de “victoria limpia” para convertir presión y presencia de las capacidades navales estadounidenses en El Caribe en un resultado verificable: los vértices del narco-Estado bajo custodia, control inmediato de puntos críticos para impedir vacío, y una transición con calendario en marcha sin derivar en ocupación indefinida.
El principio rector era simple: ninguna desescalada antes de la entrega física de los principales responsables, con cadena de custodia clara; después, un esquema cuidador, garantías condicionadas y presión escalable ante cualquier sabotaje. Salvo matices propios de toda operación real, lo anunciado hoy se parece de manera notable a esa ruta, por transparencia y como constancia histórica, el documento puede consultarse aquí: https://arcadiafoundation.org/wp-content/uploads/2025/11/Triumphant-Close-in-the-Caribbean-A-Scenario-for-a-Clean-Victory-in-Venezuela-%E2%80%94-Operation-Arcadia.pdf
Finalmente, ¿qué le diría hoy al venezolano común que escucha esto con esperanza, pero también con miedo?
Que la esperanza, para no ser efímera, debe disciplinarse. Este momento puede abrir una puerta real, pero esa puerta no conduce sola a la democracia. Hay que exigir calendario, instituciones, garantías, y justicia sin doble rasero.
Hay que preservar evidencia, evitar linchamientos, proteger a la población civil y blindar el retorno del derecho. Si el país cambia de manos pero no cambia de reglas, se habrá cambiado de paisaje, no de destino. Aquí lo que está en juego no es solo la caída de una cúpula: es la recuperación del Estado como casa de todos, no como botín de unos pocos.
