Bogotá, Colombia.- El crimen de María Camila Potosí, una joven de 21 años hallada muerta el pasado fin de semana en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste), conmociona a Colombia tras conocerse que la bebé de ocho meses que esperaba no fue encontrada en su cuerpo, un giro que ha intensificado la investigación.
Familiares, amigos y vecinos de la víctima marcharon este jueves por las calles de Cali para exigir celeridad en las investigaciones y reclamar que las autoridades encuentren al neonato, a quien sus padres habían decidido llamar Alaya, mientras las autoridades avanzan en las pesquisas para esclarecer el crimen.
La madre de la joven, Alba Rubí Gómez, relató que solo cuando reclamó el cuerpo de su hija para darle sepultura fue informada de que la bebé no se encontraba en el vientre.
"Cuando la encontramos, juraba que ella tenía su bebé en el vientre. Ya al momento de ir a recoger su cuerpo para darle su último adiós pregunté por la bebé (...) pero cuando insistí me dijeron que lamentablemente la bebé no la tenía", declaró a medios locales.
Según explicó, posteriormente un fiscal le confirmó esa información.
"Esa fue la noticia que me dieron, una noticia impactante. La bebé no estaba. Eso fue lo único que me dijo el fiscal. De ahí para allá fue todo papeleo", añadió.
La mujer hizo un llamado para que quien tenga información sobre el paradero de la bebé la entregue.
"A las personas que tienen a mi niña, que por favor se pongan la mano en el corazón, que piensen en el dolor que nos están haciendo pasar y me la devuelvan", expresó.
El caso ha generado una fuerte conmoción en Colombia por las circunstancias que rodean el crimen y la desaparición de la bebé, mientras la Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación y hasta el momento no ha informado públicamente las hipótesis del caso ni se conocen capturas.
Ante la repercusión del crimen, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que las autoridades trabajan para esclarecer lo ocurrido y anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos (unos 12.000 dólares) por información que permita identificar y capturar a los responsables.
