Ciudad de Guatemala, Guatemala.- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ofreció este viernes disculpas públicas en nombre del Estado a los familiares de Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Macario Pú Chivalán y Luis Ruiz Luis, cuatro defensores de derechos humanos víctimas de desaparición forzada en 1989.
El acto se llevó a cabo en cumplimiento de la Sentencia del Caso Pérez Lucas y otros Vs. Guatemala, notificada el 14 de noviembre de 2024, en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado guatemalteco responsable internacionalmente por la violación de múltiples derechos de las víctimas y sus deudos.
Según el fallo de la Corte IDH, los cuatro defensores, miembros del Consejo de Comunidades Étnicas Runujel Junam (CERJ), fueron amenazados y perseguidos por agentes de seguridad del Estado durante el conflicto armado interno (1960-1996). Tras desplazarse de la provincia de Quiché (noroeste), fueron víctimas de desaparición forzada en abril de 1989 en la finca Trinidad Miramar, en el municipio de Patulul, Suchitepéquez (suroeste), a manos de integrantes del Ejército.
La Corte determinó que el Estado no cumplió con sus obligaciones de investigar, juzgar, sancionar ni emprender una búsqueda diligente del paradero de las víctimas, afectando la integridad de sus familiares.
Entre las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH, el Estado debe eliminar los obstáculos a la impunidad, realizar una búsqueda seria del paradero de los desaparecidos y diseñar una estrategia nacional para la búsqueda de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado interno.
Arévalo afirmó que su Gobierno asume esta disculpa "no como una obligación legal, sino con la convicción" de que el Estado ha "fallado y ha faltado a sus funciones" además calificó las víctimas como "hombres valientes, guatemaltecos que alzaron su voz" que fueron tratados de forma "cruel e injusta por un estado que los persiguió".
El mandatario reconoció el sufrimiento de los familiares, quienes "han sido también víctimas del trato cruel e injusto del Estado" al serles negada la justicia.
Enfatizó que la disculpa implica un "compromiso fundamental de la no repetición" y la necesidad de asegurar que "nunca más el gobierno use la fuerza en contra de quienes ejercen sus derechos y trabajan por el bien común".
Sotero Ruiz, representante de los familiares, agradeció el acompañamiento internacional y sentenció que "acá en Guatemala no hay justicia" y relató la infructuosa búsqueda de sus hermanos, recorriendo la capital y bases militares como la de Las Cuchillas en Patulul.
"Lo que queremos nosotros ahora es que se esclarezca dónde estaban", concluyó.
Por su parte, Amílcar Méndez, también representante del CERJ, recordó que los crímenes "formaron parte de un patrón sistemático de represión donde los pueblos indígenas fueron convertidos en objetivos militares". Subrayó la falta de justicia en Guatemala, donde los tribunales contribuyeron "con su silencio, quemando archivos y obstaculizando la verdad".
El conflicto armado interno de Guatemala, que se extendió durante 36 años, dejó más de 250.000 víctimas entre muertos y desaparecidos hasta la firma de la paz en 1996. La Comisión de Esclarecimiento Histórico registró 626 masacres, cometidas principalmente por el Ejército, apoyado por estructuras de patrulleros civiles.
