Caracas, Venezuela.-Los líderes opositores de Venezuela Edmundo González Urrutia y María Corina Machado aseguraron este viernes que han pedido a la Administración de Donald Trump y al Congreso de Estados Unidos la revisión de la decisión de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos.
"Nuestro corazón está con cada uno de ellos en esta situación crítica. Trabajamos día y noche para alcanzar de las autoridades estadounidenses una revisión del caso y lograr la emisión de un estatus que los proteja. Lo hemos solicitado a la Administración y al Congreso estadounidense a través de distintas gestiones permanentes", indicaron los opositores en un comunicado conjunto publicado en X.
González Urrutia y Machado dijeron sentirse preocupados por la noticia de la revocación del TPS que, advierten, afectará a "cientos de miles de ciudadanos venezolanos que en 2021 recibieron dicho beneficio en Estados Unidos".
"Ser venezolano no puede ser nunca más sinónimo de refugiado. Por eso, la mayor protección para cada venezolano, dentro y fuera de Venezuela, es recuperar la libertad de su patria, el valor de su pasaporte y contar con un Gobierno democrático que los defienda", añadieron.
Los líderes opositores afirmaron estar abocados a esa tarea e, insistieron, en que no descansarán hasta que Venezuela, "sea nuevamente el hogar de todos y el lugar del reencuentro para millones de familias separadas por un régimen criminal".
En total son 600.000 venezolanos que desde la medianoche de este viernes quedarán en riesgo de detención y deportación inmediata, lo que supone el mayor número de personas que han perdido el TPS en la historia del amparo.
En octubre pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de la Administración de Trump y permitió, de nuevo, revocar el TPS. Esa decisión dejó a 350.000 venezolanos en riesgo de detención y deportación inmediata, mientras otros 250.000 venezolanos quedarán desprotegidos a partir de este viernes 7 de noviembre, fecha en que expira el amparo para ese grupo.
La decisión de la Corte es parte de una disputa legal que el Gobierno de Trump inició contra el amparo concedido por el entonces presidente Joe Biden en 2021 y que amplió en 2023 para cobijar a un mayor número de inmigrantes, que ingresaron a EE.UU. de forma irregular.
