Washington, Estados Unidos.- El gobierno de Donald Trump ha lanzado una polémica iniciativa que ofrece 2,500 dólares a menores migrantes que decidan regresar voluntariamente a sus países de origen, una medida que ha generado duras críticas de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) envió una notificación a varios albergues de menores donde se detalla que jóvenes de 14 años en adelante podrían ser elegibles para recibir el pago si optan por la autodeportación.
Los niños tendrían un plazo de 24 horas para decidir si aceptan la oferta.
Según el documento, el pago se entregaría solo cuando un juez de inmigración apruebe el regreso voluntario y el menor haya llegado a su país de origen.
ICE indicó que el incentivo busca apoyar económicamente a quienes “decidan optar por esa opción”, en el marco de un esfuerzo más amplio por fomentar salidas voluntarias del país.
Previamente, la administración Trump ya había ofrecido 1,000 dólares a adultos migrantes que aceptaran abandonar Estados Unidos.
Sin embargo, la propuesta dirigida a menores ha sido duramente cuestionada por expertos en derechos humanos.
Melissa Adamson, abogada del Centro Nacional de Derecho Juvenil, advirtió que el incentivo podría influir de manera desproporcionada en las decisiones de los niños.
“Para un niño, 2,500 dólares podría ser la mayor cantidad de dinero que haya visto en su vida, y eso podría hacer que sea muy difícil para ellos sopesar con precisión los riesgos a largo plazo”, señaló.
De igual manera, Murad Awawdeh, director de la Coalición de Inmigración de Nueva York, expresó su preocupación al afirmar que la política “presiona a los niños a abandonar sus reclamos legales y regresar a una vida de miedo y peligro sin haber recibido una audiencia justa”.
De acuerdo con cifras oficiales, más de 400,000 menores no acompañados han sido detenidos desde octubre de 2021 al cruzar la frontera sur de Estados Unidos.
Según la ley de 2008, los niños migrantes deben tener una audiencia ante un juez de inmigración antes de ser deportados, un procedimiento que busca protegerlos de posibles riesgos en sus países de origen.
La medida, según organizaciones civiles, podría vulnerar esas garantías y exponer a los menores a presiones indebidas bajo la promesa de un beneficio económico inmediato.
