San José, Costa Rica.- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, fue acusado por la Fiscalía de su país por el delito de financiamiento político ilícito durante su campaña electoral de 2022.
Según la Fiscalía, que también acusó a seis funcionarios más por el mismo delito, Chaves utilizó una estructura de financiamiento externa contraria a lo establecido en el Código Electoral costarricense.
El presidente habría usado un fideicomiso privado como si fueran cuentas bancarias personales para financiar de manera encubierta la campaña política con la que llegó a la presidencia del país centroamericano.
La estructura paralela que utilizó el mandatario tenía la intención de eludir la supervisión del Tribunal Supremo de Elecciones y de la tesorería del partido político.
Lo anterior violó los principios de legalidad, transparencia y publicidad que rigen el financiamiento electoral en Costa Rica.
La acusación contra Rodrigo Chaves surge en medio del conflicto frontal que mantiene el Poder Ejecutivo con el Congreso costarricense. En esta disputa, Chaves ha sostenido un discurso confrontativo contra el Congreso, la Corte Suprema y la propia Fiscalía, a quienes acusa de obstruir su agenda de reformas.
Por estos delitos también están acusados el vicepresidente Stephan Brunner, el canciller Arnoldo André Tinoco y cuatro diputados oficialistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD): Pilar Cisneros, Luz Mary Alpízar, Paola Nájera y Waldo Agüero. La Fiscalía solicitó a la Corte Suprema de Justicia el levantamiento del fuero constitucional para llevar a juicio a los siete imputados.
Cabe señalar que, el 7 de abril de 2025, la Fiscalía también denunció al presidente por supuesto abuso de poder. En ese caso, se le imputa haber favorecido a un excolaborador mediante recursos provenientes de un contrato financiado con fondos internacionales. La Corte aún no ha decidido si admitirá ese expediente
