Miami, Estados Unidos.- En una declaración emitida durante el X Diálogo Presidencial del Grupo IDEA, celebrado el 12 de noviembre en Miami Dade College, un grupo de exjefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica reconoció formalmente a Edmundo González Urrutia como el “legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela”, en virtud de los resultados electorales del 28 de julio de 2024.
La declaración, titulada “Declaración de Miami sobre el reconocimiento al legítimo presidente de la República de Venezuela y a su vicepresidenta”, afirma que Venezuela atraviesa una “profunda crisis política, institucional, social y humanitaria” bajo un régimen que, según el documento, ha “secuestrado el poder” y vulnerado derechos humanos de manera “grave, sistemática y generalizada”.
Los firmantes señalaron que el pueblo venezolano expresó su “voluntad soberana” en las elecciones de julio pasado, en las que González habría obtenido el 67,1 % de los votos válidos, frente al 30,4 % del candidato oficialista, de acuerdo con los resultados verificados en 25,575 mesas electorales. Dichas actas, afirman, se encuentran depositadas ante el Consejo Permanente de la OEA.
El documento también reconoce a María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, como “líder de la transición democrática y vicepresidenta”, en virtud del mandato que, sostienen, emanó del pueblo venezolano.
Llamados a la comunidad internacional
En su resolución, los exmandatarios exhortan a gobiernos y organizaciones multilaterales a reconocer la legitimidad democrática de González y Machado, y a acompañar una transición “pacífica hacia un gobierno constitucional”.
También exigen al régimen actual el “cese inmediato de la represión” y la liberación de todos los presos políticos, al señalar la comisión de “crímenes de lesa humanidad” y prácticas de “terrorismo de Estado”.
Los firmantes aseguraron que la reconstrucción democrática de Venezuela fortalecerá la estabilidad y prosperidad del continente, reafirmando su compromiso con la libertad, la justicia y el restablecimiento del orden constitucional.