Washington, Estados Unidos.- El Congreso de Estados Unidos vuelve a estar contra el reloj para aprobar el financiamiento federal. Si no se llega a un acuerdo, ya sea con el presupuesto anual completo o con una prórroga temporal, el Gobierno se quedará sin fondos para operar y se producirá un cierre administrativo.
Este mecanismo se activa cuando no se aprueban las leyes de gasto necesarias para mantener en marcha a las agencias federales.
La consecuencia inmediata es la suspensión de parte de las operaciones estatales hasta que se logre un pacto político.
Aunque el impacto más visible se da en los trabajadores del sector público, en los cierres anteriores, miles fueron enviados a sus casas sin sueldo (lo que en inglés se conoce como furloug), mientras que otros continuaron en sus puestos sin recibir pago hasta que el Congreso habilitó los fondos.
Sin embargo, una ley aprobada en 2019 garantiza que todos reciben sus salarios de manera retroactiva una vez superada la crisis.
Cabe mencionar que la duración de estos cierres es incierta, pues algunos lo han terminado en pocas horas, mientras que otros se han prolongado más de un mes. El más largo ocurrió entre 2018 y 2019, cuando la falta de acuerdo sobre el muro fronterizo paralizó parcialmente al Gobierno durante 35 días y ocasionó pérdidas millonarias a la economía estadounidense.
El año fiscal 2025 finaliza hoy 30 de septiembre, y hasta el momento el Congreso no ha promulgado ninguno de los 12 proyectos de ley de asignaciones presupuestarias para todo el año fiscal 2026. Los responsables de las políticas tienen hasta la medianoche del 30 de septiembre para evitar un corte en la financiación gubernamental; de lo contrario, se producirá un cierre gubernamental .
¿Quién sigue trabajando y quién no durante el cierre?
Los excepcionales: Todos aquellos empleados cuyas tareas son consideradas esenciales para la seguridad, protección de la vida o funciones constitucionales. Ellos siguen trabajando, aunque sin recibir pago hasta que el cierre termine.
Suspendidos temporalmente: Los empleados cuyas funciones no se consideran esenciales; deben detener su trabajo durante el cierre. Tampoco reciben pago hasta que el gobierno reabra, aunque están garantizados de recibir el pago retroactivo por el período de cierre.
Exentos o funciones financiadas aparte: Algunas agencias o actividades que no dependen de los fondos sujetos a la aprobación anual, pueden continuar operando y pagando normalmente.
Contratistas federales: En muchos casos, los contratistas pueden ver sus actividades suspendidas si la agencia que los financia entra en cierre, y no siempre tienen garantía de pago retroactivo.
Consecuencias del cierre Federal
Debido a que el actual receso en el Congreso dura hasta el 30 de septiembre, solo queda la opción de que el Senado pueda votar y aprobar un presupuesto provisional ese último día antes del cierre.
Sin embargo, las posibilidades de evitar el cierre se consideran casi nulas dadas las profundas divisiones entre ambas bancadas, por lo que se da por hecho que el Gobierno Federal no tendrá fondos para mantener activas todas sus funciones a partir del miércoles.
En caso de falta de financiación, la ley exige que las diferentes agencias del Gobierno pongan en excedencia a los empleados que consideren no esenciales, mientras que los indispensables, principalmente aquellos que realizan tareas para proteger la seguridad de las personas o sus bienes, continúan trabajando, aunque al igual que el resto de empleados federales, no recibirán su nómina hasta que el Congreso apruebe presupuestos.
Agentes del FBI o la CIA, controladores de tráfico aéreo, agentes de seguridad aeroportuaria o miembros de las Fuerzas Armadas seguirán trabajando.
A su vez, se sabe por un memorando de la Oficina de Gestión y Presupuesto que el Gobierno Trump ha instruido a las agencias a que aprovechen para preparar despidos a gran escala, especialmente en los programas clasificados como no esenciales, durante el cierre, el cual parece querer aprovechar para seguir adelgazando la Administración Federal.
