Los magistrados de la Corte Suprema dieron indicios claros de que están dispuestos a permitir que Arizona aplique las partes más controversiales de su estricta ley de inmigración, al permitir que autoridades verifiquen el estatus migratorio de ciertas personas si tienen motivos para creer que están sin permiso en el país.
Jueces liberales y conservadores por igual reaccionaron escépticos al argumento esgrimido por el gobierno del presidente Barack Obama, en el sentido de que el estado se extralimitó en su autoridad al contemplar esas verificaciones y otra medida, que permitiría la detención de presuntos inmigrantes carentes de permiso sin una orden judicial.
Se trata de dos de las partes más polémicas de una ley estatal que busca combatir severamente la inmigración no autorizada.
“Puede verse que esto no es muy convincente”, dijo la jueza Sonia Sotomayor, primera hispana en llegar a la Corte Suprema, en un comentario al representante del gobierno de Obama ante el tribunal, Donald Verrilli.
Se desconocía la decisión que tomará la corte respecto de otros aspectos de la ley que han sido suspendidos por tribunales federales inferiores.
Las otras provisiones bloqueadas convierten en un delito el que los inmigrantes no tengan documentos de registro sobre su ingreso al país, y el que busquen o tengan un empleo.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, quien firmó la ley hace un par de años, estuvo presente durante los argumentos finales.
“Estoy muy animada por todo lo que pudimos ver y escuchar hoy. Creo que la audiencia fue muy, muy bien”, dijo después Brewer, afuera de la corte.
“Me siento confiada al salir de aquí, que tendremos una decisión favorable a fines de junio”.
Jurisdicción
La confrontación más reciente ante el máximo tribunal entre el gobierno federal y los estados se centra en el papel que pueden ejercer estos últimos para fijar políticas de inmigración. Esencialmente, ese tema está bajo el control del gobierno federal.
Verrilli trató de persuadir a los magistrados de que debían ver la ley entera, como algo inconsistente con la política federal de inmigración. Añadió que la verificación del estatus permitiría que el estado se “involucrara en términos efectivos en la detención masiva” de inmigrantes carentes de permiso.
Pero el juez presidente John Roberts figuró entre los que criticaron la descripción hecha por Verrilli sobre las verificaciones del estatus migratorio, al considerar que el estado solo quiere notificar a las autoridades federales cuando tengan bajo custodia a alguien que probablemente se encuentra sin autorización en Estados Unidos.
“Me parece que el gobierno federal no quiere simplemente saber quién está aquí ilegalmente o no”, dijo Roberts.
En tanto, cientos de personas se congregaron en las inmediaciones de la Corte Suprema, para gritar consignas, mostrar carteles y escuchar a oradores que simultáneamente presentaron argumentos a favor y en contra de la polémica ley.
