México y otros 17 países estiman que una ley del estado de Arizona contra la inmigración clandestina, que será analizada hoy por la Corte Suprema estadounidense, podría poner en peligro sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos.
En una exposición presentada ante el alto tribunal, México estima que esa controvertida ley “constituye una amenaza inminente a las relaciones bilaterales México-Estados Unidos”.
“México no puede continuar unas negociaciones eficaces con Estados Unidos cuando las decisiones de política exterior del gobierno federal son saboteadas por estados (de la Unión) a título individual”, según cita este documento de 45 páginas.
Haití y otros 16 países se sumaron a México para apoyar al gobierno de Obama y reclamar que esa ley, que entre otras cosas prevé un control basado en el aspecto para reprimir a los inmigrantes ilegales, sea reformulada por la Corte Suprema, como ha ocurrido en la instancia de apelación.
“Es, pues, esencial para esos gobiernos y para Estados Unidos que los intereses de cada país se expresen en una sola voz”, se puede leer en el documento presentado por esos países.
Apoyo hondureño
Entre ellos se encuentran Argentina, Bolivia, Brasil, Guatemala, Panamá y Honduras, cuya Primera Dama asistirá a la audiencia hoy miércoles.
Ciudadanos hondureños son parte de la mayoría de los cerca de 11 millones de inmigrantes ilegales que hay en Estados Unidos, y de los 400,000 clandestinos que viven en Arizona, según el instituto de investigación Pew Center.
El gobierno mexicano agrega que esta ley “constituye una amenaza inminente para los derechos humanos y los derechos civiles de sus ciudadanos”, estimando que existe “un interés legítimo en asegurar que sus ciudadanos, cualquiera que sea su estatus migratorio, no se vean privados de sus derechos, consagrados en la Constitución norteamericana y el derecho internacional”.
Ocho jueces del más alto tribunal de Estados Unidos decidirán si cuatro disposiciones de esta polémica ley, que fueron anuladas por la justicia a pedido de la administración federal, son constitucionales, como alega el estado de Arizona.
El gobierno del presidente Barack Obama estima que esta ley invade las prerrogativas constitucionales del gobierno federal, al que la Constitución atribuye la elaboración y el respeto de la política migratoria.
Esta ley “se inmiscuye directamente en la política federal sobre inmigración, ya que obstaculiza las relaciones diplomáticas eficaces y coherentes”, escribe el texto presentado por México en apoyo a la administración Obama.
Ola
Además de Arizona, otros estados como Alabama y condados de otros estados han emitido legislaciones que criminalizan la inmigración clandestina y sancionan a los empresarios, propietarios de vivienda, escuelas y centros de atención médica por atender a los indocumentados, a quienes se les busca negar derecho a la salud, educación, empleo y vivienda.
