Ciudad de México, México.- El excomisionado del Instituto Nacional de Migración en México, Francisco Garduña, expresó sus disculpas públicas después de más de dos años del trágico incendio en una estación migratoria en Ciudad de Juárez, en el cual murieron ciudadanos hondureños y de otros países.
A todos les ofrezco con humildad una disculpa pública por las consecuencias permanentes”, manifestó Garduña en una sala del Museo de Ciudad de México, donde leyó el nombre de las víctimas mortales y de aquellos que lograron sobrevivieron del siniestro.
En el evento estuvo presente el cónsul de Honduras en México, Héctor Amador, quien fue testigo de primera mano del dolor de las familias de las víctimas.
Los parientes de los fallecidos, quienes llenos de tristeza cargaban carteles, rechazaron las disculpas. "Una disculpa y el dinero no nos van a devolver lo que perdimos”, dijo con voz quebrada la madre de uno de los fallecidos.
El incendio ocurrió el 27 de marzo de 2023 en un centro de detención migratorio, donde seis hondureños perdieron la vida por asfixia. En este mismo acontecimiento fallecieron migrantes venezolanos, salvadoreños, de Ecuador y Colombia.
Según el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fueron migrantes quienes “como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego, y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia”.
Tanto los parientes de las víctimas mortales como los ciudadanos que sobrevivieron exigen justicia y que se esclarezcan los hechos para deducir responsabilidad penal.
"Todavía no nos dicen quién fue realmente culpable de que nuestros hermanos murieran en esa celda cerrada con candado”, lamentaron.
En el pasado mes de enero, un juez otorgó la suspensión provisional del proceso penal que pesaba sobre Francisco Garduño.
La resolución de la justicia mexicana estableció que Garduño debía cumplir distintas medidas cautelares por 18 meses. Entre estas medidas, figura la disculpa pública, completar cursos de derechos humanos y protección civil, indemnizar a las víctimas, mantener su residencia fija y realizar supervisiones trimestrales en los centros de detención migratoria.
