Para la Organización no Gubernamental Justice for Migrant Workers (J4MW), con sede en esta ciudad, detrás de la migración temporal hay “una historia sin contar”.
EL HERALDO dialogó vía telefónica y por correo electrónico con Evelyn Encalada, una de las principales activistas de esta ONG, y calificó de “grosero” cierto trabajo que realizan los inmigrantes en las fincas agrícolas.
Parte de los problemas que enfrentan los trabajadores temporales es que los dueños de fincas los presionan para que sean más productivos.
Hay una presión bastante fuerte de parte de los empleadores, pues comparan a unos trabajadores con otros para que compitan entre sí, generando un sistema de explotación legal, pues a la mayoría se le paga por hora trabajada y no por productividad, explicó.
Una de las desventajas de los empleos temporales es que los jefes tienen la potestad de contratar o no a un campesino para una segunda participación, por lo que un obrero se siente en la necesidad de dar más de lo que el trabajo amerita.
Lo hacen porque saben que pueden volver a Canadá a ganar en horas lo que en sus países devengan en un día, analizó una fuente experta en el tema migratorio que pidió el anonimato.
Esta misma fuente lamentó que es probable que a los empleados se les hace una deducción de su salario cuyo destino se desconoce a ciencia cierta, aunque hay señalamientos que apuntan a que el dinero es para la ONG que hace el reclutamiento en Honduras.
EL HERALDO le consultó a Bárbara Bandy, vicepresidenta del Centro de Investigación y Apoyo de los Derechos Humanos (empresa reclutadora), sobre esa denuncia y negó que eso sea cierto.
Esta ejecutiva aseguró que “La ONG no les cobra nada a los trabajadores, ellos dan el dinero para todos los trámites, pagaron cerca de 30 mil lempiras, que incluía el costo del pasaje de avión, unos 1,000 dólares; el pasaporte, 35 dólares; el costo del trámite de la visa canadiense, 150 dólares; exámenes físicos y médicos y de oftalmología y otros gastos”.
Se le preguntó de dónde sacan sus fondos para funcionar y respondió que “la ONG funciona y opera con apoyo del Congreso Nacional”.
Lo que dice el gobierno
EL HERALDO le preguntó a la embajadora de Honduras en Ottawa sobre las garantías que tienen los hondureños para que se les respete los derechos y respondió que “hay muchas, este es un país de leyes, un país donde se respetan las leyes.
La diplomática argumentó que “el programa de trabajadores temporales es manejado por varias dependencias el gobierno de Canadá: Ministerio de Derechos Humanos y el Ministerio de Trabajo y se aseguran de que las personas que vienen a Canadá deban tener un lugar decoroso para vivir, cumplir con el horario mínimo de trabajo, cada empleador debe llenar una serie de requisitos para cumplir con las obligaciones y derechos mundialmente reconocidos para los trabajadores”.
Agregó que “por ese respeto que hemos comprobado, hemos estado haciendo gestiones, hablado con la Asociación de Minería de Canadá y la Dirección de Turismo porque se necesitan muchos trabajadores y hay buenas noticias porque ellos están abiertos e interesados en contratar a hondureños con cierto grado de educación”.
EL HERALDO también le preguntó a Leslie Alvarenga, presidenta de la Asociación de Hondureños en Ottawa, sobre este asunto, y replicó que “he escuchado rumores, pero Canadá es un país donde se respetan las leyes”.
