En la medida en que se acerca el fin de año, dirigentes del Partido Nacional volvieron a la carga para que termine el gobierno de integración y se abran los espacios para los nacionalistas que han estado marginados aun cuando su partido está en el poder.
Ha sido el alcalde capitalino y presidente del Comité Central del Partido Nacional, Ricardo Álvarez, quien con vehemencia ha reclamado dar paso a los nacionalistas.
Por dignidad deben renunciar los funcionarios del Poder Ejecutivo y los directivos del Congreso Nacional, ha reclamado Álvarez.
Los funcionarios son los democristianos Arturo Corrales, ministro de Relaciones Exteriores y Felícito Ávila, titular de la cartera del Trabajo; los liberales Rigoberto Cuéllar, responsable de la Secretaría de Recursos Naturales (Serna) y Jacobo Regalado, ministro de Agricultura y Ganadería. El gabinete de integración lo complementan Bernard Martínez, de la Secretaría de Cultura, que pertenece al Partido Innovación y Unidad (Pinu) y el udeísta César Ham, encargado del Instituto Nacional Agrario (INA).
Y no solo el Ejecutivo está lleno de funcionarios que pertenecen a otros partidos, también el Tribunal Superior de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral, el Registro Nacional de las Personas, el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Ministerio Público, la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), la Dirección de Marina Mercante y la Dirección de Migración y Extranjería.
En el Congreso
La Junta Directiva del Congreso Nacional la forman quince diputados, de los cuales solo diez pertenecen al Partido Nacional, que ganó arrolladoramente las últimas elecciones, lo que le permitió obtener 71 curules que representan el 55% del hemiciclo. El Partido Liberal tiene tres puestos, una prosecretaría a cargo de Waldina Paz; la primera secretaría alterna, concedida al caricaturista Ángel Darío Banegas y la primera vicepresidencia, asignada a Marlon Lara.
La Democracia Cristiana, que ha hecho co-gobierno con los dos partidos tradicionales, está representada por Ramón Velásquez Názar, como tercer vicepresidente y Unificación Democrática (UD) que ostenta la cuarta vicepresidencia a cargo de Marvin Ponce.
A excepción del cargo de presidente, los demás de la directiva solo duran dos años. Se espera que en enero los partidos de la 'oposición' retiren a sus representados o sigan disfrutando de las mieles del poder.
Nacionalistas preocupados
La presencia de ciudadanos de otros partidos y exmilitares tiene preocupados a los nacionalistas que ven que se termina el gobierno y es como que no hayan ganado las elecciones. El espacio es aún más reducido para las bases del 'cachurequismo' porque, en el caso del Ejecutivo, hay ministros que pusieron a sus viceministros como personas de confianza y la mayoría de cargos de dirección, personal y administración los ocupan sus allegados.
Las secretarias, los motoristas y hasta los guardaespaldas, en la mayoría de los casos, son personas que en el pasado han votado por otros partidos.
Álvarez, el más preocupado
Ha sido el propio presidente del Partido Nacional, Ricardo Álvarez, quien ha venido exigiendo el fin del co-gobierno, pero parece que sus 'gritos' no hacen eco en Casa de Gobierno.
A Álvarez le preocupa el futuro de su partido en las próximas elecciones porque se encontrará con un activismo desencatado y marginado por su propio partido.
El argumento de Casa Presidencial de que se está cumpliendo con el principio constitucional de formar gobiernos de integración para promover la unidad y la reconciliación es rebatido por Álvarez, aspirante presidencial nacionalista.
'La unidad está en la base del pueblo y no necesariamente en la cúpula, porque no siempre los que gobiernan representan los intereses del pueblo', dijo.
A juicio del presidente del Comité Central del Partido Nacional, el día de las elecciones generales los funcionarios de otros partidos que ocupan altos cargos, no votarán por el Partido Nacional, lo harán por los suyos.
Es más, en la medida en que se acercarán los comicios, ellos 'van a querer que el gobierno nacionalista fracase' porque no sienten cariño a la bandera azul con la estrella solitaria'.
Puso como ejemplo el caso de César Ham en el INA, un funcionario que pertenece al partido Unificación Democrática que ha sido un aliado del derrocado gobernante liberal Manuel Zelaya Rosales. Es más, existe la posibilidad de que el partido de Ham forme una alianza con el partido Libertad y Refundación (Libre), que lidera Zelaya.
'Como presidente del Comité Central estoy en la obligación de ser el defensor y la voz de los nacionalistas. Ya es hora que el nacionalismo ocupe todos los cargos del gobierno. Que el pueblo sienta durante estos dos últimos años que se le cumplen las promesas de campaña', afirmó.
Los funcionarios de otros partidos tienen criterios encontrados. El ministro de Cultura, el pinuista Bernard Martínez, dice que se queda porque solo el presidente lo puede sacar. Mientras, Marlon Lara, vicepresidente del Congreso Nacional, es de la opinión de que Lobo Sosa tiene derecho a mantener al equipo que considere conveniente.
Por su parte, el precandidato presidencial liberal, Edmundo Orellana, pidió a los funcionarios liberales renunciar por dignidad.
PL dice no al Congreso
Por cuestiones de ética política, los liberales que ocupan cargos en la Junta Directiva no aceptarán seguir en el co-gobierno legislativo, donde además para la toma de decisiones administrativas no son tomados en cuenta.
La bancada de ese instituto político que aún conserva su identidad partidaria, su moral y ética ha decidido que ningún miembro de la misma sea reelecto para el período que resta de este Congreso Nacional.
Y es que los liberales, que conforman la segunda fuerza política del Legislativo, han decidido hacer una oposición fuerte a partir del próximo año. La bancada liberal de 45 diputados, en este período legislativo han perdido a cuatro legisladores que han renunciado a la enseña rojo y blanco para adherirse al partido del ex presidente Manuel Zelaya, denominado partido Libertad y Refundación (Libre), de manera que ese colectivo ya no cuenta con esos votos.
Tampoco considera leales a unos 17 congresistas que tomaron otro rumbo durante la aprobación del contrato térmico, al unirse al oficialismo gobernante para votar a favor de la cuestionada compra de 100 megavatios de energía.
