Tegucigalpa,Honduras.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) mantiene bajo investigación 47 contratos relacionados con la construcción de los hospitales de Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá, Olancho, por un monto preliminar de 4,662.7 millones de lempiras.
La revisión busca determinar si el avance físico de las obras corresponde con los montos contratados y ejecutados en cada proyecto hospitalario.
La suspensión de las obras de tres hospitales públicos abrió una nueva etapa en la investigación: ahora la atención se concentra en los contratos y los montos, dos de las razones que llevaron a frenar la ejecución de los proyectos de Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá, Olancho.
El presidente Nasry Asfura, dijo en concreto sobre estos tres hospitales, que enfrentan cuestionamientos relacionados con la procedencia de los recursos financieros.
Asfura sostuvo que los denominados fondos nacionales no estaban disponibles dentro de la estructura presupuestaria del Estado, ya que para sostener esas construcciones sería necesario afectar el pago de otras obligaciones prioritarias del gobierno.
“Voy a poner aquí entre comillas, con fondos nacionales que no existen. Son fondos nacionales que significan dejar de pagarle a otra gente, a proveedores, a medicinas, a planillas, para ponernos hacer un hospital”, manifestó.
El portavoz del TSC, Rodolfo Isaula, confirmó que el ente contralor tuvo conocimiento de la resolución emitida por un juzgado competente de la Corte Suprema de Justicia, luego de una solicitud presentada por el Ministerio Público para detener las actividades contractuales y de ejecución vinculadas a los proyectos.
Según Isaula, el Tribunal Superior de Cuentas mantiene abierta una revisión integral sobre los aspectos técnicos, jurídicos y financieros de las obras, a raíz de una solicitud presentada el pasado 7 de abril por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
“Nosotros continuamos con la investigación de este caso”, expresó el portavoz del TSC al detallar que el análisis documental incluye 25 contratos del Hospital de Santa Bárbara, 11 del hospital de Ocotepeque y 11 del proyecto de Salamá, Olancho.
De acuerdo con el ente contralor, el monto bajo revisión representa un impacto significativo para el patrimonio público. Del total investigado, el Hospital General de Santa Bárbara concentra aproximadamente 3,202 millones de lempiras; el hospital de Salamá ronda los 779 millones y el de Ocotepeque registra cerca de 691 millones.
Isaula explicó que la investigación no se limitará al análisis documental, ya que en los próximos días equipos técnicos realizarán inspecciones de campo para verificar si lo ejecutado físicamente coincide con los desembolsos efectuados y las obligaciones contractuales adquiridas.
El portavoz evitó adelantar conclusiones sobre posibles sobrevaloraciones o irregularidades; sin embargo, señaló que las diligencias determinarán si existieron anomalías en la contratación, ejecución o administración de los recursos públicos.
La Fiscalía también investiga la construcción de hospitales
Por su parte, el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, confirmó este lunes que el ente acusador ordenó la suspensión temporal de las obras para profundizar las investigaciones.
“Estos son tres hospitales de la Red Solidaria, eso quiere decir que los fondos de la construcción son fondos nuestros, y son los de Salamá, Santa Bárbara y Ocotepeque”, declaró Mora.
El funcionario indicó que la Fiscalía para el Combate a la Transparencia y la Corrupción Pública conformará un equipo integrado por fiscales, auditores e ingenieros para determinar posibles responsabilidades penales.
Asimismo, explicó que el Ministerio Público solicitó ante un juez una medida de neutralización de los efectos del delito, la cual fue admitida.
“El Ministerio Público le ha pedido ante un juez, y el juez ha otorgado que se pare por el momento o temporalmente la construcción de estos tres hospitales para que el Ministerio Público investigue si hay un delito y quiénes son los responsables”, afirmó Mora.
Según el portavoz, el MP ya solicitó toda la documentación relacionada con los proyectos hospitalarios y busca determinar si existió fraude, mal manejo de fondos o irregularidades administrativas.
