Tegucigalpa, Honduras.- Los contratos de consultorías otorgados por la Secretaría de Relaciones Exteriores a personas que no cumplen con los requisitos académicos establecidos para ejecutar las actividades que demandan los mismos serán investigados por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Luego de que EL HERALDO publicó en su edición impresa del jueves 27 de febrero que Cancillería otorgó contratos de consultoría a bachilleres, las autoridades del TSC iniciaron de oficio las diligencias para investigar cada caso.
Los 30 contratos que firmó el titular de Cancillería, Eduardo Enrique Reina, a inicios del 2025, representaron una erogación de fondos públicos de 14,485,799 lempiras.
Rodolfo Isaula, portavoz del TSC, explicó que la denuncia publicada por este rotativo ingresó a la Gerencia de Veeduría Social, quienes se encargarán de iniciar los análisis correspondientes.
“Lo que publica hoy (ayer) diario EL HERALDO se ha tomado nota de la misma y se trasladó a la Gerencia de Veeduría social, que es la dependencia encargada de investigar las denuncias que se ponen de manera pública o las denuncias que presenta la ciudadanía de manera directa. El proceso es que se inicia de oficio con el análisis legal correspondiente previo para determinar si la denuncia es referente a un tema que es atribución del Tribunal Superior de Cuentas investigarla”, explicó.
El portavoz añadió que al proceder la denuncia por parte del ente contralor, se asignará un auditor para que prosiga con la investigación, el experto se encargará de definir todas las diligencias que considere oportunas para realizar el esclarecimiento de las contrataciones.
“Una vez la gerencia concluya con las diligencias investigativas, lo que procede es el trabajo en el área administrativa para elaborar un informe, en él se contemplarán los hechos que fueron investigados y se dará el trámite administrativo que corresponde; el informe además de establecer los hechos que fueron verificados también contemplará si procede o no la notificación de responsabilidad, sea esta de tipo penal, civil o administrativo”, detalló Isaula.
Hallazgos
Entre los hallazgos que este medio de comunicación detectó al revisar los contratos de consultoría es que al menos 10 se otorgaron a personas que su nivel académico no coincide con los servicios específicos que demanda la Cancillería.
Por ejemplo, en el caso del contrato 005-SRH-2025, que se solicita un consultor en materia de política exterior, se otorgó a un bachiller técnico en Electrónica.
Entre las actividades que deberá desarrollar estas personas están: proponer y desarrollar planes y estrategias para la reorganización y optimización de las embajadas y misiones permanentes, así como emitir opiniones pertinentes a temas relacionados con las actividades del subsecretario de estado.
Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), manifestó que para realizar las actividades que establece el contrato se debió contratar a un experto en esa materia.
“Debería ser un internacionalista con experiencia el que realice la consultoría, pero se está contratando un bachiller; no es quitarle el mérito a su nivel académico, pero una persona que solo es bachiller no debería ocupar esas posiciones, no reúne las condiciones técnicas”, afirmó.
El analista en transparencia y temas anticorrupción explicó que los contratos de consultorías son para realizar actividades específicas y al final entregar un producto, por lo que se necesita una expertís en el área indicada.
Académicos entrevistados por EL HERALDO coincidieron que la formación profesional para desarrollar las actividades que solicita el contrato sería alguien con licenciatura en Relaciones Exteriores, Ciencias Políticas, Derecho o áreas afines.
Otro de los contratos se otorgó a un licenciado en mercadotecnia para una consultoría en compras públicas, pero, entre sus tareas a realizar estaba crear planes anuales de compras y contrataciones de las instituciones del Estado, hacer los pliegos de condiciones y términos de referencia y sus enmiendas. No obstante, el perfil profesional no es el idóneo, según analistas, lo que pone en duda los criterios con los que se aprobó su contratación.
El perfil académico ideal para desempeñar esas funciones sería de una administración de empresas, finanzas, contaduría pública, entre otras.
También había un caso en el que un Perito Mercantil y Contador Público obtuvo un contrato como consultor en asuntos de auténticas y apostillas con un sueldo de 38,000 lempiras al mes, mientras que un licenciado en periodismo realizaba una consultoría en materia de género, devengando 45,000 lempiras mensuales.
Proceso de contratación
EL HERALDO buscó, a través de la oficina de comunicaciones, a las autoridades de Relaciones Exteriores o, en su defecto, al encargado de contratar el personal para conocer sobre el proceso que se hizo para otorgar los contratos, sin embargo, la respuesta fue que el canciller estaba fuera del país.
En ese sentido, se buscó a las autoridades de la Administración Nacional de Servicio Civil (Ansec), pero el titular de esa entidad, Russel Garay, explicó que al ser contratos de consultoría no se encuentran en el sistema de contrataciones.
Sobre el otorgamiento de los contratos, Garay defendió que la hojas de vida y la experiencia de un profesional no se resume solamente a qué título tiene. “Hay gente que puede ser médico, pero tiene mucha experiencia en el área de administración y no necesariamente el título le va a decir eso”, opinó.
Las contrataciones de consultorías se rigen por la Ley de Contratación del Estado, la cual establece el proceso de selección.
En el artículo 61 indica que “los contratos de consultoría se adjudicarán mediante concurso, ajustándose a las modalidades de invitación pública o privada, según los montos que se establezcan en las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República”.
La normativa establece que la Administración preparará los términos de referencia, incluyendo la descripción precisa del trabajo a realizar, las condiciones generales y especiales del contrato, los factores para calificar las ofertas, el plazo de su presentación y las demás condiciones y requisitos que reglamentariamente se establezcan.
Los términos de referencia podrán determinar también la precalificación de los interesados, en cuyo caso se preparará una lista de tres a seis personas, a quienes se invitará a presentar ofertas.
El resultado de la evaluación de las propuestas técnicas, con consideración o no de costos, según dispongan los términos de referencia, decidirá el orden de mérito de las mismas; el resultado de esta evaluación deberá ser comunicado a los participantes en el plazo establecido y el proponente mejor calificado será invitado a negociar el contrato.
Al no haber acuerdo se invita a negociar al segundo mejor calificado y así sucesivamente, hasta obtener un resultado satisfactorio, sin perjuicio de declarar fracasado el procedimiento.
La evaluación de las propuestas se hará considerando, entre otros factores, la experiencia en la especialidad del trabajo de que se trate y la capacidad, idoneidad y disponibilidad apropiada del personal propuesto, indica el artículo 62 de la ley.
“Dependiendo de la oferta, se abren un proceso, si la oferta, por ejemplo, no excede los 350 mil lempiras, solo se reciben tres ofertas, se diseñan los productos concretos que va a entregar y se reciben las ofertas. Posteriormente se conforma el comité de selección, el cual se reúne y técnicamente revisan las ofertas y adjudican”, detalló el titular de la Ansec.
EL HERALDO revisó el portal de transparencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores para verificar los términos de referencia que se hicieron para los contratos de consultoría, sin embargo, no estaban publicados.
